FVDigital, Santo Domingo.– La contratación de servicios legales especializados para la representación y defensa del Estado dominicano en un procedimiento de arbitraje de inversión, gestionada por el Ministerio de Cultura, que dirige Roberto Ángel Salcedo, ha generado interrogantes debido al monto involucrado y al mecanismo utilizado para su ejecución.
De acuerdo con documentos oficiales del proceso CULTURA-CCC-PEOR-2026-0001, se trata de una contratación realizada bajo la modalidad de proceso de excepción, con un monto estimado de 1,003,000 dólares estadounidenses, equivalente a más de RD$63 millones a la tasa de cambio actual.
El expediente indica que la solicitud fue tramitada por el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, y tiene como objetivo la contratación de asesoría legal especializada para la defensa del Estado en un arbitraje de inversión, un tipo de proceso que generalmente implica litigios de alto nivel y costos significativos.
Diversos sectores han expresado preocupación por el uso de procesos de excepción, un mecanismo que, si bien está contemplado en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, reduce los niveles de competencia abierta frente a las licitaciones ordinarias.
Especialistas en transparencia han señalado que, debido al alto monto de la contratación, sería pertinente que las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre las razones específicas que justifican el proceso de excepción, los criterios utilizados para seleccionar la firma o proveedor de los servicios legales, el alcance del arbitraje internacional que motiva la contratación, y los beneficios y riesgos económicos que enfrenta el Estado dominicano en ese proceso.
La licitación se produce en un momento en que distintos sectores de la sociedad dominicana demandan mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, especialmente en instituciones culturales cuyo presupuesto suele estar destinado principalmente a programas artísticos, patrimoniales y educativos.
Analistas consideran que, tratándose de una suma superior al millón de dólares, la opinión pública tiene derecho a conocer con claridad los detalles del caso que motiva el arbitraje y el impacto potencial para las finanzas del Estado.
Organizaciones vinculadas a la veeduría social y la gestión pública han reiterado que la transparencia en los procesos de compras y contrataciones no solo fortalece la institucionalidad, sino que también contribuye a la confianza ciudadana.
Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los pormenores del proceso ni sobre la naturaleza específica del arbitraje de inversión que da origen a la contratación.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**