Bogotá, EFE.- Una jueza colombiana ordenó la libertad inmediata por vencimiento de términos de ocho jóvenes que llevaban más de dos años en prisión preventiva, después de ser detenidos durante el paro nacional de 2021 al año siguiente, el 27 de abril del 2022 respectivamente y que la Fiscalía les acusara de delitos como terrorismo o secuestro, pero luego retirara los delitos.
La ley establece límites de duración de las medidas de aseguramiento preventivas en proceso penales, como que no deben exceder los 240 días si no hay juicio. Han pasado 661 días desde que la Fiscalía presentó cargos formalmente y aún no ha comenzado el juicio oral, por lo que la jueza les levantó la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía en un inicio les acusó de varios delitos, incluido terrorismo o secuestro, por lo que el juez decidió otorgarles prisión preventiva hasta el juicio, pero seis meses después el ente acusador retiró estos delitos y ahora, dos años, un mes y 17 días después, al no haber comenzado el juicio oral la jueza ha ordenado su libertad inmediata.
“Estos jóvenes y periodistas nunca debieron ser privados de la libertad y el derecho a la protesta nunca debió ni debe seguir siendo estigmatizado ni criminalizado”, alegó la abogada del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), July Henríquez, quien llevó el caso.
Falsos positivos judiciales
“Finalmente, vale la pena recordar que, durante el estallido social, el gobierno de Duque y la fiscalía de Barbosa, estigmatizaron y criminalizaron la protesta social, asociando este derecho de manera general con acciones criminales y grupos delincuenciales organizados, para restar importancia a las justas demandas sociales de la población colombiana a nivel nacional”, estimaron desde el colectivo.
Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones que se produjeron arrestos arbitrarios, seguidos de acusaciones desproporcionadas a jóvenes que solo salieron a la calle y en la mayoría de casos no participaron en actos violentos o contra las fuerzas de seguridad.
“Este tratamiento peligrosista perjudicó a centenares de jóvenes a nivel nacional, quienes fueron presentados ante los medios de comunicación como terroristas secuestradores y otras conductas de gran impacto ante la opinión pública”, apuntó Cajar.
