La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico confirmó este miércoles que Aracelys Terrero, una ciudadana dominicana que había sido privada de libertad de manera indebida en Cabo Rojo, obtuvo su liberación bajo fianza.
“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido y tanto las autoridades municipales, como estatales y federales, deben rendir cuentas al respecto. Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria y exigiremos respuestas”, expresó en declaraciones escritas Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en la isla.
La abogada enfatizó que la medida de libertad bajo fianza no implica el cierre del proceso administrativo que enfrenta la ciudadana dominicana. Señaló que el proceso se originó con una intervención no autorizada y que aún representa una carga emocional, física y económica para Aracelys. La vista de fianza tuvo lugar el martes.
Aracelys reside en Puerto Rico con un permiso de trabajo aprobado y protección legal bajo la ley federal VAWA (Violencia contra la Mujer), al ser identificada como sobreviviente de violencia de género. Sin embargo, fue detenida por un agente municipal sin orden judicial y luego transferida a la custodia de agentes de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a pesar de presentar documentos migratorios vigentes, incluyendo una visa en regla.
La detención fue calificada como arbitraria, ya que el miembro de la Policía Municipal que emitió la denuncia no contaba con autoridad legal para referirla a las agencias migratorias federales. Martínez Orabona indicó que, además de carecer de fundamento legal, el proceso atentó contra “los principios más elementales de humanidad”.
Posteriormente, Aracelys fue trasladada a territorio estadounidense sin las garantías del debido proceso. Durante ese tiempo, no apareció en el sistema electrónico y fue llevada a centros de detención en los estados de Florida, Texas y Nuevo México.
“El Gobierno de Puerto Rico y las agencias del orden público no pueden convertirse en partícipes de la barbarie. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no pueden ser adoptadas por un Pueblo como nosotros, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros”, manifestó Ángel Robles, abogado de inmigración de Aracelys, quien ha trabajado en el caso junto a la ACLU de Puerto Rico.
La ACLU también informó que el lunes 9 de junio envió una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón, en la que solicitó la divulgación de toda información compartida por el gobierno estatal con autoridades federales sobre personas inmigrantes. Además, pidió que se hagan públicos los protocolos destinados a garantizar el debido proceso, la protección especial de sobrevivientes de violencia de género, y que se suspendan políticas y órdenes administrativas que permitan privaciones de libertad en asuntos migratorios sin orden judicial.
Se enfatizó que, en ausencia de un acuerdo 287(g) o una orden judicial, la Policía Municipal no tiene facultades para ejecutar disposiciones de carácter migratorio.