Un juez de Nueva York falló el viernes en contra de Donald Trump, imponiéndole una multa de 355 millones de dólares por lo que, según dictaminó, fue un plan de varios años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban la riqueza del expresidente.
Trump no tendrá que pagar el dinero inmediatamente mientras se desarrolla el proceso de apelación, pero el veredicto sigue siendo un revés sorprendente para el expresidente.
Si finalmente se ve obligado a pagar, la magnitud de la pena, además de sentencias anteriores, podrÃa disminuir drásticamente sus recursos financieros. Y socava la imagen de un hombre de negocios exitoso que ha diseñado cuidadosamente para impulsar su improbable ascenso de una estrella de televisión a un ex (y tal vez futuro) presidente.
A Trump, quien construyó su reputación como un titán inmobiliario, también se le prohibió desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York durante tres años o obtener un préstamo de bancos registrados en su estado natal.
A sus hijos mayores, los vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se les ordenó pagar 4 millones de dólares cada uno y se les prohibió ser directivos de empresas de Nueva York durante dos años. Al ex director financiero Allen Weisselberg se le ordenó pagar un millón de dólares.
Trump calificó el veredicto como una âcompleta y total farsaâ. Escribió en su plataforma Truth Social que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, âha estado obsesionada con ‘conseguir a Trump’ durante añosâ y que la decisión de Engoron fue âun juicio ilegal y antiestadounidense contra yo, mi familia y mi tremendo negocioâ.
El veredicto total de 355 millones de dólares (más 100 millones por intereses) mantiene a la Organización Trump en funcionamiento: el juez se retractó de un fallo anterior que habrÃa disuelto las empresas del expresidente. Pero si se confirma, el veredicto obligará a una reestructuración en la cúpula de la empresa.
En una declaración, James dijo que âse ha hecho justiciaâ y calificó el fallo como âuna tremenda victoria para este estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos seguir las mismas reglas, incluso los ex presidentesâ.
âAhora, Donald Trump finalmente se enfrenta a la responsabilidad por sus mentiras, trampas y fraude asombroso. Porque no importa cuán grande, rico o poderoso creas que eres, nadie está por encima de la leyâ, dijo James.
Los abogados de Trump prometieron apelar. La abogada Alina Habba calificó el veredicto como âinjusticia manifiestaâ y âla culminación de una caza de brujas de varios años impulsada polÃticamenteâ. El abogado de Trump, Christopher Kise, calificó el resultado como âuna multa draconiana e inconstitucional y una âpena de muerteâ corporativaâ para Trump, su familia y su empresa.
El juez Arthur Engoron emitió su decisión después de un juicio de dos meses y medio en el que el favorito republicano a la presidencia declarando bajo juramento se enfureció y dijo de que era vÃctima de un sistema legal manipulado.
Engoron concluyó que los peritos que testificaron para la defensa âsimplemente negaron la realidadâ y que Trump y sus coacusados âno aceptaron la responsabilidadâ por sus acciones.
âNo robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus accionesâ, escribió Engoron, un demócrata. Dijo que su âcompleta falta de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológicoâ.
“Los fraudes encontrados aquà saltan de la página y conmocionan la conciencia”, añadió el juez.
La dura pena fue una victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata, que demandó a Trump por lo que, según ella, no era sólo fanfarronerÃa inofensiva, sino años de prácticas engañosas mientras construÃa la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que catapultaron a Trump. él a la riqueza, la fama y la Casa Blanca.
La Organización Trump respondió a lo resuelto por el juez señalando que “el fallo de hoy es un grave error judicial. La Organización Trump nunca ha incumplido ningún pago de préstamo ni ha incumplido ningún préstamo.
“Si se permite a la Fiscal General intervenir retroactivamente en transacciones comerciales privadas entre partes sofisticadas, ninguna transacción comercial celebrada en el Estado de Nueva York quedará fuera del ámbito de competencia de la Fiscal General”, sigue la respuesta de la Organización Trump.
James demandó a Trump en 2022 en virtud de una ley estatal que la autoriza a investigar fraude persistente en negocios.
La demanda acusó a Trump y a sus coacusados de inflar habitualmente sus estados financieros para crear la ilusión de que sus propiedades eran más valiosas de lo que realmente eran. Los abogados estatales dijeron que Trump exageró su riqueza en hasta 3.600 millones de dólares al año.
Al hacerse parecer más rico, Trump calificó para obtener mejores condiciones de préstamo, ahorró en intereses y pudo completar proyectos que de otro modo no habrÃa terminado, dijeron abogados estatales.
Incluso antes de que comenzara el juicio, Engoron dictaminó que James habÃa demostrado que los estados financieros de Trump eran fraudulentos. El juez ordenó que algunas de las empresas de Trump fueran retiradas de su control y disueltas. Un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión.
En ese fallo anterior, el juez encontró que, entre otros trucos, los estados financieros de Trump habÃan afirmado erróneamente que su ático en la Trump Tower era casi tres veces su tamaño real y sobrevaluado su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, basándose en la idea que la propiedad podrÃa desarrollarse para uso residencial, a pesar de que habÃa renunciado a los derechos para desarrollarla para cualquier uso que no fuera un club.
Trump, uno de los 40 testigos que testificaron en el juicio, dijo que sus estados financieros en realidad subestimaban su patrimonio neto y que los bancos hicieron sus propias investigaciones y estaban contentos con su negocio.
âNo hubo ninguna vÃctima. No hubo nadaâ, testificó Trump en noviembre.
Durante el juicio, Trump calificó al juez de âextremadamente hostilâ y al fiscal general de âuna pirata polÃticaâ. En una diatriba de seis minutos durante los argumentos finales en enero, Trump proclamó “Soy un hombre inocente” y calificó el caso como un “fraude contra mÔ.
Trump y sus abogados han dicho que los contadores externos que ayudaron a preparar las declaraciones deberÃan haber señalado cualquier discrepancia y que los documentos venÃan con exenciones de responsabilidad que lo eximÃan de responsabilidad. También argumentaron que algunas de las acusaciones estaban prescritas.
La demanda es uno de los muchos dolores de cabeza legales que enfrenta Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Ha sido acusado cuatro veces en el último año: acusado en Georgia y Washington, D.C., de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero para guardar silencio. pagado al actor porno Stormy Daniels en su nombre.
El jueves, un juez confirmó que el juicio de Trump por dinero secreto comenzará el 25 de marzo y un juez en Atlanta escuchó argumentos sobre si se debÃa retirar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de su caso de interferencia electoral en Georgia porque tenÃa una relación personal con un fiscal especial al que contratado.
Esas acusaciones penales no parecen socavar su marcha hacia la nominación presidencial republicana, pero los litigios civiles lo han amenazado financieramente.
El 26 de enero, un jurado ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los cinco millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.
En 2022, la Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal y multada con 1,6 millones de dólares en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo.
James habÃa pedido al juez que le impusiera una multa de al menos 370 millones de dólares.
Engoron decidió el caso porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no permite jurados para este tipo de demanda.
Debido a que era de naturaleza civil, no penal, el caso no conllevaba la posibilidad de ir a prisión.
James, quien hizo campaña para el cargo como crÃtico y supervisor de Trump, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar los Buffalo Bills de la NFL.
La oficina de James demandó previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses polÃticos y comerciales. Se ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada.
Trump incorporó la Organización Trump en Nueva York en 1981. TodavÃa es propietario de ella, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a sus puestos como director, presidente y presidente de la empresa cuando asumió la presidencia, dejando la gestión de la empresa a sus hijos. Eric y Donald Trump Jr.
Trump no volvió a ocupar una posición de liderazgo declarada al dejar la Casa Blanca en 2021, pero sus hijos testificaron que ha estado involucrado en la toma de algunas decisiones.
Engoron ya habÃa designado una supervisora, la jueza federal retirada Barbara Jones, para vigilar la empresa.
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