Cuando se le pregunta a la gente en las calles su opinión acerca del Gobierno, no deja de sorprender la forma airada de muchas de las respuestas. La mayoría se queja de la situación económica, de la prepotencia de los funcionarios, de la indiferencia social prevaleciente y de los altos niveles de corrupción que casi todos entienden existe en altas esferas de la administración.
Esta última percepción ha cobrado cuerpo a despecho de recientes informes de organismos internacionales que otorgan mejores calificaciones al Gobierno con respecto a los anteriores en materia de controles contra ese terrible flagelo social que corroe casi toda la estructura del aparato estatal.
No es nada extraño, sin embargo, escuchar esas opiniones, por cuanto desde que las encuestas comenzaron a reflejar estos sentimientos de la población, dejaron de publicarse y los medios que lo hacían perdieron todo interés en el tema.
No caben dudas de que la opinión popular sobre el Gobierno no le favorece. Esta segunda administración del presidente Luis Abinader apenas comienza y por las quejas respecto a muchos de los servicios públicos, el alza en el costo de la vida y las quejas sobre el clima de inseguridad no cabe esperar cambios en esa percepción pública. No hay día en que los diarios y otros medios no traigan reportes de protestas callejeras, muchas de ellas violentas, a causa de promesas incumplidas u olvidos oficiales, situación que contrasta con el boato y el gasto de la gestión actual.
Las próximas elecciones serán en mayo del 2028. El largo camino hacia esa cita deja un amplio espacio al Gobierno para paliar la situación. La inquietud se relaciona con el sentido de las prioridades oficiales, más empeñadas en reformas que abarcan la Constitución y el sistema fiscal y tributario, que aparentemente ocupan toda su atención.
