Por: Henry M. Rodríguez/Latinoamérica21
El crecimiento exponencial de las criptomonedas ha marcado un punto de inflexión en el sistema financiero global, y ha transformado tanto las oportunidades de inversión como sus riesgos asociados.
Mientras algunos ven en ellas un medio para acceder a nuevas formas de intercambio y almacenamiento de valor, los problemas ligados a su uso indebido vienen generando gran preocupación. Al facilitar transacciones rápidas y anónimas, las criptomonedas se han convertido en una plataforma ideal para la proliferación de actividades ilícitas como el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo, entre otras.
Tan vertiginoso ha sido su auge que los marcos regulatorios existentes no han podido seguirle el ritmo. Como es de esperar, ante la ausencia de una legislación global coherente, los esquemas fraudulentos y las ciberestafas también han ido en aumento. Según la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en 2023 se reportaron más de 69.000 denuncias de fraudes relacionados con criptoactivos, con pérdidas estimadas de más de 5.600 millones de dólares. Estas estafas suelen incluir esquemas piramidales, ofertas iniciales de monedas fraudulentas y plataformas de inversión falsas que prometen ganancias extraordinarias a los inversores, quienes terminan perdiendo sus fondos sin posibilidad de recuperarlos.
Por su parte, de acuerdo con un informe de la Financial Crime Academy, en 2022 se enviaron alrededor de 24.000 millones de dólares en criptomonedas a destinaciones ilícitas, lo que refleja la magnitud del desafío que representa el uso de estos activos en actividades criminales.
Es un desafío de fondo. La falta de transparencia y los vacíos regulatorios asociados con el uso de criptoactivos están incrementando los riesgos, tanto para los inversores como para las instituciones financieras. Por su parte, el anonimato que proporcionan estos activos digitales facilita que las organizaciones criminales y estafadores hagan transferencias sin necesidad de intermediarios y que circulen fondos ilícitos sin dejar un rastro claro.
Este fenómeno supone una amenaza latente para la seguridad global, pues los delincuentes logran mover fondos a través de múltiples jurisdicciones sin ser detectados. Al mismo tiempo, los instrumentos regulatorios actuales resultan insuficientes para procesarlos judicialmente. Además, la falta de conocimiento sobre medidas de seguridad por parte de los usuarios de criptomonedas los expone a ataques, lo que permite a los criminales acceder a sus claves y apropiarse de sus activos.
En este contexto, la negligencia individual es solo una parte del problema. La verdadera amenaza radica en la ausencia de una regulación más estricta, en la falta de cooperación internacional para mitigar los riesgos asociados a la expansión del mercado de criptoactivo, y en la poca preparación en el entendimiento de estas dinámicas.
Por ende, es necesario priorizar la comprensión general de las criptomonedas, con todas sus repercusiones. La estabilidad y seguridad del sistema financiero, tanto público como privado, dependen de asumir un enfoque proactivo para mitigar los efectos, directos e indirectos, de esta actividad. De no adoptar decididamente medidas preventivas adecuadas, podríamos quedarnos rezagados en un escenario económico en rápida evolución, en el que la innovación tecnológica está redefiniendo las reglas del intercambio financiero y, al mismo tiempo, aumentando la vulnerabilidad ante las amenazas emergentes.
Por qué las criptomonedas generan tanta preocupación
A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, como las acciones o los bonos, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni institución financiera, lo que aumenta su inestabilidad. Además, la posibilidad de perder el acceso a los fondos si se olvida la clave de una cartera digital añade otro nivel de riesgo para los usuarios. Estos elementos, junto con la falta de un marco regulatorio sólido, han creado el ambiente perfecto para que estafadores y ciberdelincuentes operen sin consecuencias claras.
Una de las estafas más comunes relacionadas con las criptomonedas es el esquema Ponzi, en el que los estafadores prometen altos retornos a los primeros inversores, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagarles. Este esquema es insostenible a largo plazo, y cuando colapsa, deja a miles de víctimas sin sus ahorros. Otras tácticas incluyen la creación de plataformas de inversión falsas que imitan a sitios legítimos, engañando a los usuarios para que transfieran fondos. Además, las aplicaciones de citas se han convertido en un terreno fértil para los estafadores, quienes se hacen pasar por interesados románticos para manipular emocionalmente a sus víctimas y persuadirlas de invertir en criptomonedas.
Pero el uso de criptomonedas no solo es atractivo para los delincuentes que buscan individuos incautos; también ha captado la atención de actores gubernamentales que buscan utilizar estos activos para evitar sanciones económicas. Casos como el de Corea del Norte han puesto de manifiesto cómo algunos gobiernos están explotando la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para financiar programas ilícitos, como el desarrollo de armas nucleares. Esta realidad subraya la necesidad de que los gobiernos internacionales cooperen en la creación de políticas públicas que puedan rastrear y bloquear el uso ilícito de los criptoactivos.
El desafío regulatorio
Sin embargo, las criptomonedas no son inherentemente malas. Su tecnología subyacente, conocida como blockchain, tiene un inmenso potencial para transformar múltiples industrias, incluidas las finanzas, la salud y la logística. Esta tecnología permite transacciones transparentes y seguras, y tiene la capacidad de reducir costos y mejorar la eficiencia en diversas áreas. No obstante, el riesgo de abuso es real, y sin la intervención adecuada de los gobiernos, los delincuentes seguirán explotando estas plataformas.
Es por ello que la creación de un marco regulatorio que permita el desarrollo seguro y responsable de las criptofinanzas es urgente. Tanto los gobiernos como las instituciones financieras requieren implementar acciones colaborativas para desarrollar soluciones que puedan rastrear transacciones sospechosas, prevenir el lavado de dinero, identificar patrones irregulares, o alertar a las autoridades sobre posibles actividades ilícitas. Al mismo tiempo, es primordial educar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en estafas.
Aunque no sea un reto fácil de abordar, sí es imperativo que las criptomonedas sean vistas como un tema de riesgo público, tan serio como para ameritar su inclusión en la agenda pública. Más que sofocar las características de innovación y practicidad de las criptomonedas, lo que se debe garantizar es que se utilicen de manera segura y responsable.
Estamos hablando de una adopción de políticas públicas que protejan tanto a los consumidores como a las instituciones. Estamos hablando de una necesidad inaplazable. En última instancia, solo un enfoque multilateral y coordinado podrá mitigar los riesgos asociados a las criptomonedas y permitir que su potencial transformador se despliegue de manera positiva en la economía global.
Finalmente, el desarrollo de políticas efectivas tendrá que basarse en la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y la industria tecnológica. Una colaboración integral que permita cerrar las lagunas jurídicas y ofrecer un marco regulatorio adecuado, enfocado en favorecer la transparencia y la seguridad en el uso de criptoactivos.
Reconozcámoslo. Las criptomonedas, más que una moda pasajera, son un avance tecnológico que ha llegado para quedarse, pero es responsabilidad de los gobiernos asegurarse de que su impacto sea positivo y seguro para todos los actores involucrados.
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