Agencias;- Unos 4.000 comuneros, integrantes de distintos grupos originarios colombianos y agrupados en la minga indígena, llegaron este martes a Bogotá, capital colombiana y centro del poder político, donde esperan reunirse con el presidente Gustavo Petro.
En un comunicado publicado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se detalla que por esa organización participarán en la movilización 139 autoridades de los pueblos nasa, yanakuna, kokonuco, misak, ambaló, kisgo, polindaras, totoróez, eperâara siapidâara e inga.
La minga se instalará en el parque Renacimiento, ubicado en el centro, con la asistencia del Ministerio del Interior y la Secretaría Distrital de Gobierno, recoge Blu Radio. Hasta el momento no hay confirmación de que Petro los reciba.
Esta movilización ocurre en el contexto de las tensiones entre el Ministerio del Interior y las Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), que advirtieron que bloquearían este martes la carretera panamericana en el Cauca una importante vía que comunica el suroccidente colombiano con el resto del país porque exigen ser reconocidos como una organización indígena independiente del CRIC.
Así, el Ministerio del Interior expresa en el escrito que rechaza «las vías de hecho» y propone a las AISO que integren la mesa permanente de diálogo con distintos pueblos indígenas, que comenzó a finales de julio.
Los indígenas agrupados en el CRIC consideran que el diálogo con Petro es la «única alternativa de solución» frente a sus demandas de respeto a sus territorios, por parte de las multinacionales y particulares, y en el contexto de «la guerra y las violencias» que impactan en buena parte del departamento del Cauca, debido a la presencia de grupos armados como las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Entre sus peticiones, se encuentra el establecimiento de mesas de diálogo «para concertar la paz», en vista del asesinato de líderes indígenas y autoridades de distintas edades, así como el reclutamiento de menores de edad por parte de las estructuras armadas que asedian sus territorios. Según dice el escrito, hasta el momento no han percibido que haya «políticas y estrategias de atención y contención por parte del Estado colombiano».
Asimismo, piden que haya avances en la «superación de las causas estructurales» que los «condenan al desconocimiento institucional y la violencia perpetuada en la guerra».
