El escándalo de SENASA lacera la confianza pública hasta lo más profundo. No se trata de un robo común, sino de la grave acusación de que, mientras miles de dominicanos luchaban por conseguir la aprobación de un medicamento, una prueba o una simple proteína médica para un adulto mayor, otros —desde dentro— supuestamente se dedicaban a desviar recursos destinados a los más vulnerables. Proteínas para ancianos, medicamentos y servicios facturados sin existir. ¿Hay algo más cruel que robarle a quien depende del sistema para sobrevivir?
Los testimonios abundan: pacientes encamados obligados a presentarse en persona porque «cambiaron el protocolo»; familias enteras peregrinando durante días para que les aprueben lo básico —si es que lo lograban—; usuarios que se sentían castigados por reclamar lo que la ley les reconoce; suplidores atrapados por falta de pago y, entre la espada y la pared, presionados a pagar sobornos para poder ser contratados. Y ahora se entiende el porqué. Cuando la institución encargada de proteger la salud de millones se convierte —según las acusaciones— en un botín, el sufrimiento no solo se multiplica: se institucionaliza como política pública del abuso.
Este caso no solo avergüenza a SENASA, sino que pone en evidencia al presidente y a todo un país que creyó, defendió y confió en la palabra oficial y en los informes que presentaban una gestión intachable. Una vez más queda demostrado que se puede ser brillante como profesional de la medicina y, aun así, fallar estrepitosamente en la ética. La integridad no se mide en títulos ni en congresos internacionales: se mide en la capacidad de no robarle al más débil.
Es una bofetada a quienes confiaron, una afrenta a los ciudadanos, una pérdida profunda de fe en la decencia humana y, además, otro golpe a una imagen gubernamental que ya arrastraba grietas importantes.
Ahora, el Poder Judicial enfrenta una prueba monumental. Esta vez, el país no está en condiciones de tolerar tejemanejes, negociados discretos ni la morosidad consuetudinaria que adorna demasiados procesos. La gente está cansada, escéptica y con razón.
Y lo más grave de todo es saber —porque el país lo intuye— que falta gente por caer.
SENASA no es una institución cualquiera: es la única esperanza real para millones de dominicanos que no pueden pagar un seguro privado. Robarle a ellos es robarle al país entero, y no hay maquillaje institucional que pueda disimular una traición de esa magnitud.
La justicia tiene ahora una oportunidad histórica: demostrar que la ley se aplica de arriba abajo, sin importar apellidos, cargos ni influencias acumuladas. Esta vez, o se recupera la confianza… o se termina de enterrar.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**