La tanda extendida fue presentada como un logro fundamental del sistema educativo dominicano. Más que un simple horario extendido, constituía una política social integral que garantizaba a miles de familias de bajos ingresos la seguridad de que sus hijos estarían bajo cuidado durante toda la jornada, recibirían desayuno, merienda y almuerzo, y tendrían acceso a actividades complementarias.
Sin embargo, este esquema hoy tambalea. En al menos dos provincias se ha confirmado que parte del estudiantado no podrá permanecer en tanda extendida debido a la crítica falta de aulas. La denominada ‘solución salomónica’ implementada es simple: unos grupos se retiran temprano para que otros ocupen los mismos salones en la tarde. Este sistema de rotación no solo interrumpe la continuidad pedagógica, sino que impone sobre las familias una carga económica y emocional que las autoridades parecen reticentes a reconocer.
El trasfondo trasciende lo educativo: se trata de cuidado infantil esencial. ¿Qué harán las madres y padres —en su mayoría trabajadores con salarios mínimos— cuando sus hijos regresen a casa a media tarde, sin supervisión adulta, en un contexto social crecientemente inseguro? ¿Quién asumirá el costo adicional de cuidado privado que ahora recae sobre ellos?
El impacto económico es cuantificable: según estimaciones conservadoras, el desayuno, merienda y almuerzo escolar representan un ahorro cercano a seis mil pesos mensuales por niño. Retirar abruptamente este apoyo equivale a imponer un gasto obligatorio adicional en hogares que ya enfrentan condiciones de precariedad. No resulta exagerado afirmar que, para muchas familias, estos alimentos marcan la diferencia entre una nutrición mínima adecuada y la inseguridad alimentaria.
La opacidad institucional agrava el problema. Si bien se admiten casos aislados, se han filtrado memorandos y circulares internas que confirman la magnitud real de la situación, mientras se prefiere minimizar el alcance público en lugar de transparentar las cifras. Esta actitud, en uno de los inicios de año escolar más problemáticos de los últimos tiempos —con déficit de aulas, personal insuficiente y un Inabie bajo escrutinio—, solo profundiza la desconfianza ciudadana.
Si realmente son tan pocos los casos afectados como se pretende mostrar, corresponde al Ministerio de Educación asumir la responsabilidad de buscar alternativas inmediatas. No se puede abandonar a los padres en esta situación, sino que deben implementarse medidas de contingencia que compensen a las familias afectadas por una falla sistémica ajena a su responsabilidad. Subsidios temporales, apoyo logístico o cualquier solución concreta que mitigue el impacto económico y social.
La verdadera tragedia subyacente es que, mientras la educación pública no mejore sustancialmente y no pueda competir en calidad con el sector privado, seguirá siendo la opción obligada para quienes no pueden costear alternativas. Y a esta población vulnerable no se le puede seguir exigiendo sacrificios adicionales por los errores de planificación de un Estado que, una vez más, demuestra falencias en la ejecución de sus políticas sociales.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**