Los Ángeles activará un sistema de cámaras de velocidad que fotografiarán a los infractores y emitirán multas, pero incluye una notable exención para las personas sin hogar: no tendrán que pagar en efectivo.
En una votación unánime de 14-0 este martes, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó un amplio programa automatizado de control de velocidad, autorizando hasta 125 cámaras en las calles más peligrosas y con mayor índice de accidentes.
Las multas son reales y escalan rápidamente. Los conductores captados yendo de 11 a 15 mph por encima del límite enfrentarán multas de $50. Esto aumenta a $100 por exceder de 16 a 25 mph, $200 por 26 mph o más, y $500 para quienes sean registrados por encima de 100 mph.
Sin embargo, existe una exención específica para las personas sin hogar y de bajos ingresos. Los concejales ordenaron al Departamento de Transporte expandir su Programa de Asistencia Comunitaria de Estacionamiento, permitiendo que estas personas compensen las multas de las cámaras de velocidad mediante servicio comunitario en lugar de realizar pagos en efectivo durante el período piloto.
Esta medida local se suma a una nueva ley estatal de California que entró en vigor el 1 de enero, la cual permite a las ciudades reducir o eliminar ciertas sanciones relacionadas con vehículos para personas con dificultades financieras, requiriendo alternativas como planes de pago o servicio comunitario.
La implementación de las cámaras se realizará por etapas. Se espera que la instalación y pruebas ocurran entre abril y julio, seguidas de una campaña de educación pública de 60 días y un período de advertencia de 60 días antes de que comiencen a emitirse las multas. Se prevé que la aplicación total comience a finales del verano o el otoño de 2026.
Las autoridades de la ciudad insisten en que el sistema se pagará por sí mismo. Se proyecta que el contrato con el proveedor costará unos $6.675 millones anuales, aproximadamente $4,450 por cámara al mes. Para alcanzar el punto de equilibrio, la ciudad necesitaría unas 133,500 multas de $50 pagadas en su totalidad anualmente, o aproximadamente 66,750 multas de $100, sin contar costos administrativos adicionales. Cualquier ingreso adicional se destinará a mejoras de seguridad vial.
Según la ley estatal, las multas son sanciones civiles, lo que significa que no habrá puntos en la licencia de conducir ni riesgo de suspensión. Las cámaras capturarán solo las placas traseras y no se utilizará reconocimiento facial.
Según lo aprobado, se espera que la mayoría de los distritos del concejo reciban alrededor de ocho cámaras, y algunos recibirán más en función de los datos históricos de accidentes y los corredores de alto riesgo.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**