@abrilpenaabreu
Gobernar no es solo tomar decisiones difíciles. Es, muchas veces, hacerlo en soledad.
El presidente Luis Abinader ha intentado —con mayor o menor fortuna— renovar la administración pública apostando por jóvenes técnicos, perfiles de la sociedad civil y figuras que prometían eficiencia y transparencia. Sin embargo, cuando esos nombramientos fallan, el problema no se limita al error individual: el costo político e institucional recae directamente sobre el mandatario.
Así ocurrió con SENASA Y así vuelve a ocurrir ahora con el (ITLA).
Hasta ahí, el escenario es el normal en cualquier democracia funcional: una decisión administrativa, una investigación en curso y el respeto al debido proceso. Lo preocupante no es la actuación del Ejecutivo, sino la reacción interna.
En los últimos días, funcionarios y autoridades electas del propio partido de gobierno han decidido opinar públicamente en contra de la destitución del rector del ITLA, como si se tratara de una condena penal y no de una medida administrativa preventiva. Esa confusión —voluntaria o no— erosiona la institucionalidad y proyecta una imagen de desorden político.
A esta lista se suma el senador Franklin Romero, quien emitió un comunicado público invocando principios constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Principios incuestionables, sin duda. Pero el problema no es el contenido jurídico del mensaje, sino el contexto político en el que se emite y el no fue el único otros senadores y funcionarios públicos opinaron al respecto.
Conviene recordar algo elemental: una destitución administrativa no prejuzga culpabilidad, no sustituye a los tribunales y no viola el debido proceso. Es una decisión política destinada a proteger la institución mientras la justicia actúa y en todo caso un derecho que le atañe al presidente, los puestos no son perennes.
Cuando un senador oficialista fija posición pública en ese momento, no lo hace solo como ciudadano ni como abogado: lo hace como parte del partido de gobierno. Y en política, las formas importan tanto como el fondo.
Lo mismo ocurrió previamente con Edward Guzmán , ya en funciones dentro de SENASA, quien optó por seguir ventilando el caso públicamente. Nadie reclama censura ni silencio forzado. Pero la prudencia institucional también es una responsabilidad política. A los funcionarios no se les exige opinión permanente, sino gestión eficiente.
A veces parece que dentro del PRM se ha olvidado una verdad básica:
no están en campaña. El presidente no irá a la reelección, pero aún le restan casi tres años de mandato. Tres años en los que lo que corresponde no es marcar distancia, ni construir narrativas personales, ni ensayar discursos para el día después, sino respaldar la institucionalidad y trabajar.
Luego no valen los reproches a la prensa, ni las acusaciones de chantaje mediático, ni la transferencia de culpas a la opinión pública.
Las destituciones no son producto del ruido social: son consecuencia de errores (hay que decirles así no hay sentencia de por medio) , y en un Estado de derecho, los errores tienen consecuencias administrativas y judiciales.
Lo verdaderamente inquietante no es la crítica externa, propia de toda democracia, es el fuego amigo.
Tal vez estemos frente a una realidad conocida, aunque pocas veces reconocida: la soledad del poder. Ese punto en el que el presidente carga con la institucionalidad mientras algunos de los suyos prefieren protegerse, opinar o desmarcarse.
Y en ese contexto, más que compasión, lo que se impone es una reflexión seria dentro del partido de gobierno: o se gobierna con disciplina y sentido de cuerpo, o se debilita al propio Gobierno desde dentro.
El otrora líder de una buena parte del partido de gobierno decía que al PRD solo lo destruye el PRD, ellos no serán el PRD pero en ocasiones se comportan como tal.
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