Sin la intervención de un Gobierno dirigido por personas con la voluntad, disposición y valentía de producir cambios en nuestro suelo patrio, seguiremos viviendo en un territorio que no merece el nombre de país. No se lo merece mientras no podamos practicar el orden, la disciplina y la justicia sin privilegios ni selectividad.
Comenzaremos con un ejemplo sencillo, pero vivido y sentido por la mayoría de dominicanos diariamente, ya sea en condición de víctima, victimario o de ambas cosas a la vez. Me refiero al problema del tránsito, provocado por casi siete millones de vehículos en las calles, unos cuatro millones de ellos motocicletas, donde se irrespetan mutuamente y se violan cuantas leyes están escritas.
Por su cantidad, necesitaríamos un agente por vehículo, dada la falta de formación, la irresponsabilidad y la apatía generalizada. De todos esos infractores, solo son castigados quienes tienen la mala suerte de ser interceptados. Pero lo que quiero destacar es que si un conductor se pasa la luz roja del semáforo y lo detienen, no puede argumentar que, como no sucedió nada, se le permita retroceder y evitar la multa. La sanción no es por lo que causó, sino por lo que pudo haber causado; por tanto, el agente no está autorizado a conceder un ‘chance’ si realmente cumple su rol social.
Esa misma lógica debería aplicarse al Ministerio Público y sus polémicos acuerdos o negociaciones, amparados en el ‘criterio de oportunidad’, con individuos que supuestamente colaboran con una investigación y, al convertirse en delatores, evaden ser sometidos a la justicia para pagar por sus delitos. Este concepto no debería aplicarse a los principales responsables ni a personas con participación demostrada en un entramado delictivo.
Sin embargo, estamos viendo cómo esos acuerdos benefician a personas que se constituyen en ‘asociación de malhechores’, se enriquecen con sumas considerables de dinero, devuelven una parte y quedan impunes, ricos y hasta honrados. Por lo general, esos ‘negociadores’ son individuos que cuentan con el respaldo del poder económico o político, pues ni el Ministerio Público ni los jueces mantienen una independencia real frente a esos poderes.
Alegan estar amparados por la ley, la misma ley que crean quienes terminan beneficiándose de ella. Si realmente queremos combatir la corrupción y aplicar justicia, los acuerdos con malhechores no deben conducir a la exclusión de los expedientes en los que están involucrados. Justicia para todos, sin excepción.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**