Por Charlie Núñez
Sin la intervención de un Gobierno dirigido por personas con la voluntad, disposición y valentía de producir cambios, seguiremos viviendo en un territorio que no merece el nombre de país.
No se lo merece mientras no podamos practicar el orden, la disciplina y la justicia sin privilegios ni selectividad.
Comenzaremos con un ejemplo sencillo, pero vivido y sentido por la mayoría de dominicanos diariamente, en condición de víctima, victimario o de ambas cosas a la vez.
Me refiero al problema del tránsito, provocado por casi siete millones de vehículos en las calles, unos cuatro millones de ellos motocicletas, irrespetándose unos con otros e irrespetando cuantas leyes están escritas.
Por su cantidad, necesitaríamos un agente por vehículo, debido a la falta de formación e inteligencia, al igual que por la apatía e irresponsabilidad; de todos esos infractores solo se castiga a los que tienen la mala suerte de caer en desgracia el día que les toca.
Pero lo que quiero destacar es que si uno de esos infractores se pasa la luz roja del semáforo y lo detienen, no puede decirle al agente que, como no sucedió nada, le permita devolverse y no le ponga la multa, porque esta no es por lo que causó o no, sino por lo que pudo haber causado; por tanto, el policía no está autorizado a dar un chance si realmente va a cumplir su rol social.
Eso mismo está sucediendo con el Ministerio Público y sus acuerdos o negociaciones, amparados en el ‘criterio de oportunidad’, con individuos que supuestamente se prestan a colaborar con la investigación y que, convirtiéndose en delatores, se escapan de ser sometidos a la justicia para pagar por sus delitos.
Ese concepto no aplica para los principales responsables ni para personas con demostrada participación en un entramado delictivo.
Esos acuerdos los estamos viendo con personas que se constituyen en ‘asociación de malhechores’, se benefician con asquerosas sumas de dinero, devuelven una parte y se quedan ricos, sueltos y honorables.
Por lo general, esos ‘negociadores’ son unos cobardes miserables o culpables que tienen la bendición del poder económico o político, pues ni el Ministerio Público ni los jueces mantienen una independencia de esos poderes.
Dirán que están amparados en la ley, la misma ley que crean los mismos que al final terminan beneficiándose de ella.
Si vamos a combatir la corrupción y aplicar justicia, los acuerdos con los malhechores no deben llegar hasta la exclusión de los expedientes en los que están involucrados.
Justicia para todos, para todos.
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**REDACCIÓN FV MEDIOS**