Es lo que se lee de lo tratado por el Presidente con los principales candidatos de la oposición y de la declaración emitida de Fitch Rating tras su triunfo electoral
Hasta este domingo, la reforma fiscal se enrumbaba hacia la inevitabilidad de lo inminente e irreversible, después del resultado electoral, que consolidó el liderazgo del presidente Luis Abinader, con la votación que recibió frente a la de sus competidores y con la conquista de 29 de los 32 senadores electos, se inicia la consumación de esa y otras importantes reformas pendientes.
Esa fue la señal que envió al país el propio Presidente reelecto al informar este lunes en su acostumbrada rueda de prensa que al recibir la llamada de los dos principales competidores de la oposición (Leonel Fernández y Abel Martínez), les comunicó su deseo de reunirse con ambos “para retomar los grandes acuerdos llevados al CES (Consejo Económico y Social), de los cuales una parte se ha avanzado”.
Eso significa que su prioridad es trabajar con las reformas, que pasan por un proceso de estudio y consultas a través del CES. Y entre esas reformas, la fiscal es la prioridad.
Pero también el mercado interpreta que con el triunfo de Abinader es el momento de la Reforma Fiscal. Por lo menos, eso es lo que acaba de expresar la agencia calificadoras de riesgos Fitch Raitings, al afirmar que la victoria de Abinader permitirá una continuidad de las políticas que permitieron un fuerte crecimiento económico en el país y que espera que se abra una ventana de oportunidad para que las reformas avancen.
La declaración de Fitch hace una advertencia que debe ser tomada muy en cuenta y asumida con la seriedad que demanda el honor: el triunfo de Abinader «también podría desbloquear las reformas fiscales y económicas que tienen el potencial de abordar las limitaciones de la calificación soberana».
La actual administración, a través del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha planteado, tras las ganancias en la calificación de riesgo logradas por el país, que la meta es no quedarse ahí, sino avanzar hacia la conquista del grado de inversión.
Y de no producirse la reforma en este momento, el país en vez de avanzar a esa meta, correría el riesgo, como señala Fitch Rating, de retroceder. Panamá es un ejemplo de lo que pasa cuando se produce un debilitamiento fiscal: ha perdido el grado de inversión.
Es algo muy fácil de entender: con el nivel de deuda que tiene el país y con un Estado, cuyo tamaño actual equivale al 20% del PIB, sostenido precariamente por un sistema tributario cuyo aporte es inferior al 15% del PIB (a pesar de que la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea como meta de presión tributaria: 21.5% en 2025 y 24% en el 2030), no sería posible avanzar hacia la meta de conseguir el grado de inversión en la calificación de riesgo, sino que se correría el riesgo de perder lo logrado hasta ahora.
Es la responsabilidad del presidente Abinader evitarlo. Y está en el mejor momento para asegurar la sostenibilidad fiscal, apoyado en una economía en crecimiento y en el fortalecimiento de su liderazgo alcanzado en las urnas.
No asumir el desafío sería perder la mejor oportunidad que se le ha presentado para dejar un legado al país, con la aprobación de Ley de Responsabilidad Fiscal ya sometida al Congreso y con una reforma tributaria que asegure un desarrollo nacional sostenible e inclusivo.
Y por lo que reveló que habló con los dos principales candidatos de la oposición, asumimos que el presidente Abinader ha entendido que es el momento de cumplir con ese gran deber.
