La Policía de Georgia ha detenido este miércoles al líder del partido opositor y europeísta Ahali, Nika Gvaramia, durante una redada realizada en la sede de la formación. Esta intervención se produce a medida que aumenta la tensión tras seis jornadas consecutivas de protestas contra el Gobierno, al que acusan de alejar al país de la senda para la integración europea.
Gvaramia ocupó los cargos de ministro de Educación y de Justicia de Georgia durante el Gobierno del expresidente Mijail Saakashvili, encarcelado por corrupción y abuso de poder después de ser arrestado en 2021. El líder de Ahali ha pedido a los agentes que detengan el operativo y tras un breve altercado, ha sido zarandeado y golpeado, por lo que ha perdido el conocimiento.
Más tarde, el abogado de Gvaramia, Dimitri Sadzaglishvili, ha informado de que el opositor ha sido trasladado a un centro de detención en las inmediaciones de la ciudad de Marnueli, a unos 25 kilómetros al sur de Tiflis. Además, ha asegurado que él y su familia acudirán al lugar para tratar de hablar con el opositor.
La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha denunciado estos hechos a través de redes sociales y ha instado a sus socios a que actúen de manera “urgente” para evitar que el país caiga en el “abismo”. “Llamo a todos aquellos que quieren evitar que la crisis se agrave”, ha apelado la presidenta, quien ha insistido en las últimas semanas que no dejará su cargo en respuesta al fraude que, según ella, se produjo en las pasadas legislativas.
“¡Es hora de ejercer una fuerte presión sobre el partido de Gobierno, que está llevando al país al abismo¡ ¡No tarden!”, ha reclamado en X. En la misma plataforma ha denunciado que las autoridades están cerrando los comercios en los que los manifestantes pueden comprar máscaras de gas, gafas protectoras y cascos.
Zurabishvili ha dicho que el partido en el Gobierno está “privando a los manifestantes pacíficos de protegerse mínimamente. Se trata de una flagrante violación del derecho a la protesta y un ataque a la propiedad privada”.
Estas operaciones tienen lugar a medida que se registran nuevas protestas en la capital, donde los opositores al Gobierno siguen exigiendo una repetición electoral por considerar que las parlamentarias de octubre fueron celebradas de forma fraudulenta.
