El ayuntamiento de Los Ángeles aprobó el martes una ordenanza de “ciudad santuario” que prohíbe el uso de recursos municipales para la aplicación de la ley de inmigración y que las dependencias locales compartan información sobre personas sin estatus legal con las autoridades migratorias federales, en previsión de posibles deportaciones masivas durante el gobierno entrante del presidente electo Donald Trump.
Los concejales votaron unánimemente a favor de la medida, uniéndose a más de una docena de ciudades en Estados Unidos con disposiciones similares.
Las ciudades o estados santuario no son términos legales, pero han llegado a simbolizar un compromiso para proteger y apoyar a las comunidades de inmigrantes y rechazar la entrega voluntaria de información a la policía migratoria. Sus defensores aseguran que son refugios para que los inmigrantes se sientan seguros y puedan denunciar delitos sin temor a ser deportados.
La medida volverá al consejo para una segunda votación como formalidad. La alcaldesa Karen Bass, quien tiene el poder de vetarla, ha dicho que apoya la ordenanza.
Debido a las promesas de Trump de lanzar una batida contra los inmigrantes cuando regrese a la Casa Blanca en enero, los defensores de la inmigración instaron a los miembros del consejo de Los Ángeles a actuar rápidamente.
“Vamos a enviar un mensaje muy claro de que la ciudad de Los Ángeles no cooperará con el ICE de ninguna manera”, dijo el concejal Hugo Soto-Martinez, usando las siglas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. “Queremos que la gente se sienta protegida y pueda tener fe en su gobierno y que las mujeres puedan denunciar violencia doméstica, delitos”.
Soto-Martinez, uno de los concejales que presentó la propuesta inicial el año pasado, dijo que sus padres y muchos de los habitantes que representa son inmigrantes sin estatus regularizado. Están “integrados en la comunidad” y trabajan como cocineros, como niñeras o limpiando casas, dijo.
Sin embargo, no está claro cuánto cambiará bajo la ordenanza, ya que la ciudad de antemano no coopera con las autoridades federales migratorias.
El Departamento de Policía de Los Ángeles tiene una política que exige que los agentes no pregunten sobre el estatus migratorio de una persona ni realicen arrestos basados en el estatus migratorio de la persona. Su nuevo jefe de policía, Jim McDonnell, también se ha comprometido a no cooperar con las deportaciones masivas ni con las agencias federales en asuntos de control migratorio.
El exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, emitió una directiva ejecutiva en 2019 que ofrecía protecciones a los inmigrantes, pero la ordenanza del martes codificaría esas protecciones en la ley de la ciudad.
El estado de California tiene protecciones similares. El exgobernador de California, Jerry Brown, firmó la legislación del estado santuario en 2017 para prohibir a la policía preguntar a las personas sobre su estatus migratorio o participar en actividades de control migratorio federal.
El entonces presidente Trump respondió intentando retener fondos de las ciudades santuario y favorecer a las ciudades que se comprometían a cooperar con el control migratorio para obtener subvenciones federales.
Ciudades desde Nueva York hasta San Francisco tienen políticas de larga data para apoyar a los inmigrantes, pero la crítica a esas medidas creció con la llegada de un mayor número de inmigrantes. Parte de la reacción ocurrió después de que los gobernadores republicanos en Texas y Florida comenzaron a enviar el año pasado a inmigrantes a ciudades gobernadas por demócratas y denominadas, algo que los críticos consideran una argucia política.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha exigido desde entonces una mayor cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias federales, atacando las políticas actuales de la ciudad que limitan tal comunicación por considerarlas perjudiciales para la seguridad pública.
También se enviaron inmigrantes a Los Ángeles, aunque en números más pequeños.
Más de 100 personas se reunieron en las escalinatas del gobierno municipal el martes por la mañana antes de la votación para instar al consejo municipal a promulgar la ordenanza.
Martha Arévalo, directora ejecutiva del Central American Resource Center en Los Ángeles, calificó la ley de “muy atrasada”.
“Esto es Trump 2,0 ya que él se postuló en una plataforma de odio y división y separación de familias y deportaciones masivas”, dijo Arévalo. “Es traumático para la comunidad inmigrante. Hay mucho trauma, hay mucho miedo”.
Los partidarios de la ordenanza de ciudad santuario, muchos de los cuales son inmigrantes no autorizados, hablaron sobre sus experiencias personales con la amenaza de deportación.
“Crecí en las sombras, con el temor constante de que me separaran de mis seres queridos y que me enviaran de vuelta a un lugar del que habíamos luchado tanto por escapar”, dijo Jesus Carreon, actual estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard y graduado de la Universidad del Sur de California, pidiendo al consejo que votara a favor de la política de ciudad santuario.
Algunos expresaron preocupaciones de que esta política podría alentar a más inmigrantes no autorizados a venir a la ciudad y usar recursos destinados a atender el problema de la falta de vivienda.
“Estoy seguro de que hay millones de personas que quieren venir a Los Ángeles, pero no podemos ser una ciudad santuario para todos”, dijo Charles Brister al consejo municipal antes de la votación. “Tenemos personas en esta ciudad que no tienen camas, ciudadanos estadounidenses que no tienen hogar”.
La alcaldesa Bass dijo recientemente que “esta coyuntura debe ser abordada de manera urgente. Proteger a los inmigrantes fortalece nuestras comunidades y hace que nuestra ciudad sea mejor”.
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