Por Luis Ruiz
Sub judice es una expresión latina que significa “bajo juicio” y se refiere a un asunto legal que está siendo considerado por un tribunal, pendiente de resolución. El proceso está en curso, pero aún no se ha dictado sentencia. Aplicada a la Organización de las Naciones Unidas ONU. Esta metáfora revela una organización cuya legitimidad está en suspenso, bajo el yugo de las potencias, al escrutinio de la historia y de los pueblos que claman justicia.
La ONU nació en 1945, como respuesta al trauma y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal fue prevenir futuros conflictos bélicos, mantener la paz y la seguridad internacionales, y fomentar la cooperación entre naciones para abordar problemas económicos, sociales y de derechos humanos. También buscaba superar el fracaso de su predecesora, la Sociedad de Naciones, incapaz de evitar otra guerra mundial.
La ONU está conformada por seis órganos principales: “La Asamblea General”, foro deliberativo donde todos los Estados miembros con voz y voto. “El Consejo de Seguridad”, responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. “El Consejo Económico y Social”, que coordina políticas económicas, sociales y ambientales, y supervisa agencias especializadas. “El Consejo de Administración Fiduciaria”, una entelequia cuya función era supervisar territorios en fideicomiso; actualmente inactivo. “La Corte Internacional de Justicia”, órgano judicial que resuelve disputas entre Estados y emite dictámenes legales; aunque en la mayoría de las veces no se cumplen Y, “La Secretaría”, que administra el trabajo diario de la ONU, liderada por el secretario general.
De todos estos órganos, el que decide a quién sancionar mediante resolución es el Consejo de Seguridad. Está compuesto por 15 miembros, pero solo cinco tienen derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Este privilegio les permite bloquear cualquier resolución sustantiva que afecte sus intereses o los de sus aliados, sin importar cuántos países estén a favor. Es, en efecto, una arquitectura de impunidad.
Desde su origen, la ONU fue concebida como una “sociedad de los más fuertes”, donde el poder se concentra en un puñado de actores con capacidad de veto. En apariencia, son los accionistas mayoritarios de un Consejo que opera sin cuórum ético, blindado por intereses geopolíticos.
Ante la crisis del conflicto Israel/Palestina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su intervención ante la 80ª Asamblea General de la ONU, cuestionó el veto ejercido por Estados Unidos, que ha paralizado la acción internacional frente a la tragedia en Gaza. Petro denunció que este mecanismo ha impedido resoluciones para el cese al fuego y la protección de civiles, favoreciendo la impunidad de Israel. Frente al poder absoluto de los miembros permanentes, Petro propuso:
“Una ONU diferente y humana debe detener el genocidio en Gaza […] La diplomacia ya acabó su papel. Las palabras sobran. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio”.
Invocó el mecanismo de “Uniting for Peace”, una figura jurídica que permite a la Asamblea General actuar cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado por el veto. Además, sugirió que las decisiones se tomen con el respaldo de dos tercios de los Estados miembros, lo que implica un consenso global significativo.
Por tanto, si la ONU continúa siendo rehén del veto, su promesa fundacional de paz y justicia se convierte en una ficción diplomática sostenida por intereses hegemónicos. La invocación de “Uniting for Peace” no es solo una herramienta jurídica: es un llamado ético a desobedecer la parálisis del poder y restaurar la dignidad del multilateralismo. Si la humanidad no se atreve a reformar esa arquitectura, será cómplice de su derrumbe moral. La ONU hoy está, más que nunca, sub judice de las potencias. Pero también está bajo juicio de la historia.