Ante la inminente crisis de seguridad que continúa enfrentando nuestro país, después de casi dos décadas de intentos fallidos por controlarla y resolverla, la estrategia de Claudia Sheinbaum en este tema parece ser más de lo mismo. El martes pasado, el flamante nuevo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los cuatro ejes de lo que será dicha estrategia: 1) atención a las causas de la violencia y el crimen organizado en México; 2) consolidación de la Guardia Nacional; 3) fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y 4) coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas. No obstante que el discurso del nuevo secretario contiene ciertamente elementos clave e importantes para hacer frente a algunos aspectos relacionados con la criminalidad organizada y la violencia imperante en el país, el plan en general parece bastante básico y poco original (hasta redundante) en relación a las estrategias en este mismo rubro de las tres administraciones pasadas.
Dada la centralidad y urgencia de resolver el problema de inseguridad y violencia en México, sorprende la falta de creatividad y la ausencia de un diagnóstico claro, concreto y certero del panorama criminal mexicano, así como de los actores que ocasionan la violencia en el país. También llama la atención lo general y básico de las recomendaciones y la aparente falta de reconocimiento de las agendas de distintos actores a nivel estatal, local e internacional, que determinan lo que sucede ahora en el país en términos de crimen y violencia. Parece también difícil anticipar el éxito de esta propuesta en un espacio de tensiones constantes entre las agencias de seguridad y el reciente dominio de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en otras áreas claves de la vida del país.
El crimen organizado parece operar a través de redes criminales—y no de empresas con estructura de negocios vertical—y existen algunos nodos de carácter transnacional que se ubican fuera de las fronteras de México. Decepciona bastante la falta de originalidad de la propuesta de Sheinbaum, lo trillado del lenguaje y la falta de un diagnóstico claro sobre los verdaderos detonantes de la violencia en el país. Es también curiosa la forma en la cual, después de seis años de una respuesta claramente insuficiente ante un problema de enormes magnitudes, se destaquen básicamente las fuentes originales del problema—remontándose al 2006—y se continué culpando a los gobiernos anteriores y a un orden “neoliberal” que supuestamente ya se dejó atrás.
Se presumen, además, los claros logros en la Ciudad de México, sin el reconocimiento explícito de que dicha entidad es excepcional y única, en el sentido de que hablamos de un espacio de “control” policial segmentado, donde no dominan los militares, pero sí quizás la administración del orden a través de pactos y otros mecanismos informales para mantener la paz territorial. Al parecer, en la capital del país no operan grupos paramilitares criminales que controlan amplios territorios y ejercen violencia extrema y escandalosa, como lo hacen en otras regiones de México.
La coordinación efectiva entre la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina presenta retos y limitaciones importantísimos que no se esbozaron en la presentación. Al mismo tiempo, faltó destacar la forma en la que se resolverán los problemas de seguridad a nivel municipal en el contexto de redes de protección locales que son muy difíciles de desmantelar y que involucran a autoridades y empresarios de todo tipo. Los temas de corrupción e impunidad son básicos y su combate efectivo va más allá de cualquier estrategia general—particularmente de ésta que adolece de diagnóstico. Tampoco se reconocieron las múltiples fallas de la Fiscalía General de la República, que mantiene su liderazgo y podría ser que también sus estrategias fallidas.
En lo general, el martes pasado escuchamos más de lo mismo; no aprendimos sobre lo que podría ser clave para operar una estrategia de seguridad exitosa. El tema de la inteligencia y la posible hipervigilancia preocupa en este contexto, pues podrían violarse derechos civiles y humanos en caso de que se abuse del reconocimiento facial y el uso excesivo de cámaras que violen la privacidad de los ciudadanos—aunque ello no puede anticiparse. La reconcentración de responsabilidades en Omar García Harfuch—y la secretaría que ahora dirige—es también un aspecto que preocupa, pues podrían repetirse patrones de administraciones anteriores. A algunos les preocupa un regreso a los tiempos de Genaro García Luna.
Por último, dado que no se esbozó un diagnóstico general de la situación de violencia e inseguridad en México, no se delinearon instrumentos específicos para medir los resultados de la estrategia. Esto resulta demasiado problemático, particularmente porque el plan está además repleto de obviedades y lugares comunes. Es cierto que los aspectos generales de la estrategia son centrales y adecuados, pero no entendemos cómo se tendrá éxito, ni cómo se pueden medir los avances o retrocesos. El documento del Entendimiento Bicentenario parece ser mucho más preciso, aunque se trabajó en conjunto con Estados Unidos. Por lo menos, el nuevo secretario podría haber retomado algunos elementos del mismo para añadir mayor detalle y consistencia a su propio plan.
No obstante todo lo anterior, hay que darle tiempo al tiempo y confiar en el nuevo gobierno. Es posible que conforme pasen las primeras semanas y meses, el plan se redefina y se profundice. Es preciso también abrirse a la crítica y la autocrítica, particularmente en este tema tan clave. La actual administración encabezada por la primera presidenta mujer es una gran esperanza para el país. El tema de la seguridad es prioritario y es preciso escuchar las voces críticas e incorporar elementos que vayan más allá de lo ya planteado en el primer piso de la “transformación”. Los medios públicos no deben actuar como cámaras de resonancia para avalar estrategias fallidas, ni para dejar de alertar sobre los peligros de la actual militarización de México.
(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.
Este artículo fue previamente publicado en Sin Embargo.
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