La República Dominicana enfrenta una tragedia evitable. La niña Heidy Almánzar Pérez falleció tras ser atropellada al desmontarse de un autobús del sistema TRAE (Transporte Escolar), un programa estatal creado precisamente para proteger a los estudiantes en sus traslados.
No fue una falla mecánica ni una catástrofe inevitable. Fue la consecuencia directa de un problema estructural: la profunda falta de cultura vial en el país.
Durante meses se han viralizado videos donde se observa cómo, a pesar de la presencia de asistentes, señalizaciones y advertencias, conductores continúan rebasando autobuses escolares mientras niños suben o bajan. Este comportamiento imprudente se ha normalizado.
El resultado ahora tiene nombre y apellido: Heidy Almánzar Pérez.
Los accidentes ocurren; las imprudencias no son accidentes.
Cuando un conductor decide no detenerse frente a un autobús escolar en proceso de abordaje, viola deliberadamente la ley y pone en riesgo la vida de menores de edad.
En la mayoría de países, rebasar un autobús escolar detenido constituye una de las infracciones más graves de tránsito, con multas elevadas, suspensión de licencia e incluso prisión. En República Dominicana, en la práctica, la sanción es casi inexistente.
La muerte de Heidy reabre un debate inevitable: ¿seguirá siendo tratada esta conducta como simple infracción o deberá tipificarse como delito penal?
Porque una cosa es morir en un accidente. Otra muy distinta es morir porque alguien decidió ignorar la ley.
Si el atropello ocurre contra un estudiante en proceso de subida o bajada de un transporte escolar, el hecho deja de ser una imprudencia común y pasa a convertirse en un acto agravado. La vulnerabilidad del menor es evidente y conocida por el conductor.
La tragedia no solo revela un problema de tránsito; revela un problema social: la normalización del “yo paso primero”.
La sangre de una niña no puede quedar reducida a una estadística vial más. Y si la legislación actual no es suficiente para protegerlos, entonces deberá cambiar.
Porque cuando una violación consciente de la norma provoca una muerte, el país debe dejar de llamarlo accidente.
REDACCIÓN FV MEDIOS