@abrilpenaabreu
Durante años, el sistema educativo dominicano ha estado marcado por una coexistencia silenciosa entre el Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Dos actores llamados a ser aliados, pero muchas veces enfrentados. Hoy, con la activación de lo que el ministro Luis Miguel De Camps ha denominado “La mesa de los cinco pilares”, parece abrirse una nueva oportunidad: la de volver al diálogo como herramienta de transformación.
Esta mesa reúne a los representantes de los cinco pilares fundamentales —maestros, estudiantes, familias, sociedad civil y servidores públicos—, ampliada además con la participación de la Sociedad Dominicana de Diarios y de medios de comunicación. No se trata de una mesa más, ni de un espacio simbólico. Es un mecanismo operativo de concertación que busca institucionalizar el diálogo, la consulta y el seguimiento de políticas educativas, con el objetivo de fortalecer la gobernanza, la transparencia y la corresponsabilidad.
Y eso es crucial. Los países que han avanzado en calidad, equidad e inclusión educativa son precisamente aquellos que han comprendido que el progreso no nace del monólogo estatal ni de la protesta permanente, sino de la construcción colectiva. El fortalecimiento del sistema educativo dominicano dependerá —como bien ha planteado De Camps— de la capacidad de sus actores clave para colaborar eficazmente en la implementación de políticas sostenibles, pertinentes y oportunas.
En esta mesa se depositan varios retos: lograr acuerdos duraderos entre el MINERD y la ADP, garantizar el cumplimiento del calendario escolar, resolver pacíficamente los conflictos gremiales, y dar seguimiento a las metas ya planteadas por el ministro en su hoja de ruta del pasado 10 de junio: expansión de la educación inicial, mejora de los aprendizajes en primaria y secundaria, fortalecimiento de la educación técnico profesional y transparencia en la evaluación docente de 2025.
La “Mesa de los cinco pilares” no sustituye otros espacios, los complementa. Su carácter operativo está respaldado por la Ley General de Educación 66-97 y por las conclusiones del Pacto Educativo 2014-2024. Lo que sí representa es una señal política clara: un intento por despolitizar la educación, por construir sobre la base del consenso y no de la confrontación.
Hay que decirlo con claridad: el diálogo no siempre resuelve todo, pero su ausencia garantiza el fracaso. La educación dominicana necesita este tipo de esfuerzos sostenidos, mecanismos permanentes que trasciendan coyunturas y ministros, y que permitan que los avances no dependan del turno de quien esté al frente del ministerio.
Por eso, este paso merece ser reconocido. No solo porque lo impulsa un ministro con vocación conciliadora, sino porque rescata algo esencial: la idea de que la educación es el reto de todos. Si esta mesa logra mantenerse en el tiempo, si sus conclusiones se traducen en acciones concretas, estaremos frente a un cambio profundo en la forma de gestionar la política educativa nacional.
Ojalá este sea el inicio de una nueva cultura de corresponsabilidad. Una en la que cada quien —desde su rol— asuma que educar un país no es tarea de un ministerio, sino de toda una nación.