El reciente asesinato de “Chuki”, uno de los imputados en el atentado contra el exbeisbolista David Ortiz, evidencia una vez más la fragilidad del sistema judicial dominicano. Condenado a diez años de prisión, obtuvo libertad condicional sin cumplir siquiera la mitad de la pena impuesta.
El caso no es aislado. Reiteradamente se observa cómo delincuentes que obtienen beneficios penitenciarios por “buena conducta” reinciden en crímenes atroces o terminan abatidos en enfrentamientos. La figura de la libertad condicional, concebida como mecanismo para motivar la reinserción social, se aplica en República Dominicana de manera superficial: sin evaluaciones psicológicas exhaustivas, sin análisis de riesgo real y sin ponderar adecuadamente la gravedad del delito cometido.
El Poder Judicial mantiene una deuda de explicaciones con la sociedad dominicana: ¿qué juez autorizó dicha libertad?, ¿bajo qué criterios específicos?, ¿cuántos reclusos más gozan actualmente de beneficios similares mientras las víctimas creen que cumplen sus condenas? La jurisdicción de San Cristóbal, recurrentemente señalada por resoluciones controversiales, vuelve a situarse en el centro de la polémica.
Cada caso de esta naturaleza erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Una nación donde delincuentes peligrosos cumplen condenas simbólicas mientras las víctimas perciben el abandono del sistema, arriesga perder su bien más preciado: la fe en la justicia. REDACCIÓN FV MEDIOS