Cuando los dominicanos aprendan a valorar su voto, y entiendan que venderlo por una migaja navideña o una promesa de campaña implica el congelamiento de sus esperanzas, la política será distinta. Se reflexionará acerca de si es necesario para garantizar la funcionalidad del Congreso, mantener un Poder Legislativo que funciona y ha funcionado más a favor de sus miembros que en beneficio de la República y sus débiles instituciones democráticas. Quien no quiera verlo de esa manera corre el riesgo, y me refiero a sus integrantes, de que en algún momento el país se pregunte realmente si vale la pena seguir costeando privilegios que naciones mucho más ricas no se permiten.
El pretexto de que el “barrilito” y “cofrecito” son una especie de ayuda social en aquellos lugares donde no alcanza la mano benefactora del Estado, carece de sentido y no justifica tales canonjías, porque no hay evidencia salvo la entrega esporádica de un ataúd de madera barata y un colchón, que santifique ese abusivo y personal uso de cuantiosos recursos presupuestarios, cuando ese dinero muy bien podría ser usado en reforzar y ampliar los programas asistenciales del Gobierno. El pueblo no vota por sus representantes en el Congreso para que distribuyan ataúdes, colchones y mosquiteros, sino para que conciban y aprueben leyes que mejoren la vida de los dominicanos y fortalezcan sus instituciones.
Además, el uso de esos fondos permite a los legisladores eliminar futuras competencias, lo que es una inequidad que vulnera el derecho de igualdad en la contienda electoral. Nuestros senadores lucen cada día más hambrientos de fama y poder. No les basta desde hace tiempo con dos exoneraciones sin límites de vehículos cada cuatro años, con los que pueden importar vehículos dignos de emires, jeques y reyes, en un país de gente muy pobre, en cuyas calles llenas de baches y basura circulan sus representantes en modelos de cientos de miles de dólares.
