La Corte Penal Internacional (CPI) establece en su reglamento la creación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, un órgano autónomo adscrito a la Secretaría del tribunal. Su función principal es brindar asistencia a las víctimas que participan en los procesos judiciales, incluyendo asesoramiento legal, investigación y representación en audiencias.
La oficina gestiona el registro de representantes legales autorizados y, en casos aprobados por la CPI, puede asumir la representación legal de las víctimas con financiamiento del tribunal. Con sede en La Haya, su objetivo es facilitar la participación de las víctimas en los procedimientos, considerando las barreras geográficas que puedan existir.
A nivel operativo, la Fiscalía y la Secretaría de la CPI coordinan acciones con esta oficina para garantizar la atención a las víctimas, tanto en el ámbito institucional como en el terreno. Esta colaboración busca asegurar un enfoque adecuado desde el primer contacto con las víctimas y evitar riesgos durante su intervención en los procesos.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**