El Concejo Municipal de Los Ángeles, de mayoría demócrata, aprobó este martes una medida que incrementará la carga fiscal sobre los residentes para financiar el alumbrado público, en respuesta a una creciente ola de robos de cableado de cobre. Los ediles argumentaron que los fondos actuales para mantenimiento rutinario son insuficientes y se requieren recursos adicionales para reparaciones permanentes, ante la acción descontrolada de ladrones que sustraen el metal. La iniciativa, aprobada por 13 votos a favor y uno en contra, generará aproximadamente 125 millones de dólares destinados a la reparación de luminarias. La concejal Monica Rodríguez emitió el único voto disidente, alegando preocupaciones sobre la asequibilidad para los ciudadanos. “En un momento en el que el costo de vida es tan alto, debemos recordar que esto también impacta la capacidad económica de las familias y negocios que ya están luchando”, declaró Rodríguez al medio Westside Current. La edil también justificó su posición por la falta de actualización del plan de mantenimiento del alumbrado, vigente desde 2022, pese al aumento acelerado de los robos. “Los contribuyentes merecen más consideración, especialmente ante otras medidas fiscales que se evaluarán en los próximos meses”, añadió. El incremento del 42% en el valor del cobre desde marzo de 2023 —ahora cotizado a 5.50 dólares la libra— ha impulsado la oleada delictiva. Los ladrones han actuado con notable audacia, llegando a desvalijar el cableado de sistemas de iluminación en campos de Ligas Menores. La sustracción del cobre inutiliza las luminarias y sume a los vecindarios en la oscuridad, obligando a los residentes a esperar, a veces prolongadamente, la intervención de cuadrillas de reparación. Los promotores de la tarifa sostienen que los fondos extra son cruciales para disuadir a los criminales. “Hoy, una de cada diez luces en la ciudad permanece apagada”, señaló la concejal Eunisses Hernández. “Durante tres décadas, la Oficina de Alumbrado Público ha operado con un presupuesto congelado, mientras los ladrones desmantelan nuestras infraestructuras”. Hernández enfatizó: “No podemos seguir destinando dinero a soluciones temporales, reponiendo cobre que será robado nuevamente”. Las nuevas tarifas no entrarán en vigor de inmediato; la ciudad deberá notificar formalmente a los propietarios afectados. Se ha programado una audiencia en el concejo para el 2 de junio como siguiente paso del proceso. **REDACCIÓN FV MEDIOS**