El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sufrió un revés al desestimarse un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Cámara de Apelaciones (…) rechaza los argumentos presentados por Venezuela. Rechaza las apelaciones y confirma la decisión impugnada”, dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut al tribunal con sede en La Haya, reportó la agencia AFP.
En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como “Venezuela I”, por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017.
Durante ese año se registraron violentas protestas contra el gobierno de Maduro, en las que miles de personas salieron a las calles debido a la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la inseguridad.
Las manifestaciones fueron exacerbadas por la suspensión de un referendo revocatorio contra el mandatario.
La apelación de Venezuela
El año pasado, el gobierno de Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de complementariedad, según el cual un tribunal internacional complementa a la justicia nacional y sólo puede intervenir si un país no está investigando ya los mismos crímenes, explicó la agencia Reuters.
Sin embargo, los jueces de apelación rechazaron por unanimidad todos los alegatos de la apelación y dieron luz verde a la Fiscalía de la CPI para reanudar las pesquisas sobre los abusos.
En reacción al fallo, el gobierno venezolano dijo en un comunicado que estaba en “desacuerdo” con la decisión, que “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
“Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos”, añade la nota.
El gobierno de Maduro acusa a la oposición de manipular algunos casos de supuestas violaciones de derechos humanos. Asegura que ya está investigando las denuncias y sostiene que no se han producido crímenes de lesa humanidad a gran escala.
En 2020, Khan dijo que había “bases razonables” para creer que funcionarios gubernamentales y militares habían perpetrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a disidentes durante las protestas de 2017, en las que fallecieron 125 personas.
La decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI fue aplaudida por organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, en medio de las protestas para exigir la liberación de la activista Rocío San Miguel, quien fue detenida el pasado 9 de febrero sin que las autoridades dieran noticias sobre su paradero durante varios días ni le permitieran acceso a sus familiares ni abogados.
San Miguel fue acusada de participar en una supuesta conspiración para asesinar a Maduro y permanece detenida en El Helicoide, que ha sido denunciado por la disidencia como “el mayor centro de torturas de Venezuela”.
La detención de San Miguel fue calificada como una desaparición forzada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una afirmación que desató la furia de Maduro, quien ordenó la expulsión de todo el personal de esta instancia en Venezuela.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, ha investigado y documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
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