La República Dominicana mejoró apenas un punto en los índices internacionales de percepción de la corrupción. Un avance mínimo, casi simbólico. Pero más revelador que el número es la reacción: la discusión pública volvió a girar alrededor de partidos políticos, gobiernos y funcionarios. Sin embargo, quizás la pregunta correcta no sea quién gobierna, sino quiénes somos.
Durante años hemos tratado la corrupción como un fenómeno exclusivamente estatal, como si fuera una enfermedad que aparece cuando alguien llega a un cargo público. Como si un ciudadano común, al juramentarse, se transformara súbitamente en corrupto. Pero la evidencia cotidiana sugiere algo distinto: la corrupción no comienza en el Estado, el Estado la visibiliza.
El dominicano que roba electricidad no se considera ladrón. El que se conecta ilegalmente al internet no se percibe delincuente. El que evade impuestos cree estar ‘defendiéndose’. El que consume productos pirateados piensa que solo está aprovechando una oportunidad. Todos esos actos tienen algo en común: implican apropiarse de algo que no le pertenece.
Nuestra sociedad ha normalizado pequeñas ilegalidades siempre que el perjudicado sea una institución abstracta llamada ‘Estado’. Existe una moral paralela: robarle a una persona es delito; robarle al Estado es viveza. Esa mentalidad crea una contradicción profunda: se exige honestidad absoluta a los funcionarios mientras se tolera la trampa cotidiana en la vida privada.
Pero el Estado no es una entidad extraterrestre. El Estado es la misma sociedad organizada. El ciudadano que hoy justifica una ilegalidad menor, mañana puede justificar una mayor si tiene poder para hacerlo. La corrupción estatal no es más que la versión ampliada de una permisividad social previamente aceptada. Cambian las cifras, no la lógica.
Por eso los grandes escándalos indignan, pero rara vez transforman.
Creemos que el problema se resolverá con más leyes, más controles o más cárceles. Son necesarios, sí, pero insuficientes. La corrupción no es solo un delito: es un comportamiento aprendido. Y los comportamientos no se erradican únicamente con sanciones, sino con cultura.
Mientras la sociedad premie la astucia sobre la honestidad, la viveza sobre el cumplimiento, y la trampa sobre la responsabilidad, cualquier gobierno —de cualquier partido— enfrentará el mismo problema.
El combate a la corrupción no es solamente institucional. Es moral.
Y, sobre todo, educativo. El país mejorará de verdad el día en que robarle al Estado provoque la misma vergüenza que robarle a un vecino.
Ese día la corrupción dejará de ser un tema político y pasará a ser lo que realmente es: un asunto de conciencia nacional.
Redacción FV Medios
**REDACCIÓN FV MEDIOS**