El Ayuntamiento de Los Ángeles gasta importantes sumas de dinero de los contribuyentes en bufetes de abogados privados externos, a pesar de mantener una de las operaciones legales municipales más grandes y costosas del país. La Oficina del Procurador de la Ciudad supervisa a más de 500 abogados, con una operación interna que cuesta aproximadamente $150 millones al año. Sin embargo, se proyecta que el departamento gastará $26.63 millones en asesoría legal externa para fin de año, casi cinco veces más de lo presupuestado. Solo se asignaron $5.98 millones para este fin en el presupuesto 2025-26, según la portavoz Hydee Feldstein Soto. Para cubrir los costos, se ha desviado dinero del saldo no asignado de la ciudad e incluso de la cuenta de salarios del propio Procurador. Las autoridades municipales atribuyen el aumento a litigios “complejos”, pero una revisión de contratos muestra que muchos casos externalizados son disputas municipales rutinarias. El gasto más significativo se dio en la demanda de LA Alliance for Human Rights sobre la falta de vivienda. En mayo, la ciudad contrató al bufete Gibson, Dunn & Crutcher con un límite de $900,000 por dos años, pero para agosto la firma facturó $1.8 millones por solo dos semanas de trabajo, con 15 abogados cobrando casi $1,300 la hora. El total luego aumentó a $3.2 millones. El Concejo Municipal votó 10-3 para aumentar el contrato a casi $5 millones para un solo año. La concejal Tim McOsker calificó la medida como “mala gestión fiscal”. Críticos cuestionan por qué los contribuyentes pagan facturas legales premium para luchar contra un caso centrado en la rendición de cuentas gubernamental. Feldstein Soto defendió el gasto, diciendo que su oficina contribuyó con $1 millón de su propio presupuesto. Su oficina atribuye los costos al aumento del 20% interanual en el volumen de casos, obligaciones de acuerdos pasados y una congelación de contrataciones que dejó al departamento con poco personal. Aunque el presupuesto total del Procurador ronda los $150 millones, solo 222 de sus 943 empleados (alrededor del 24%) están asignados a litigios civiles. En diciembre, el Comité de Presupuesto y Finanzas aprobó más de $12 millones en nuevas transferencias para asesoría legal externa. **REDACCIÓN FV MEDIOS**
