MÉXICO- Un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) acudió al domicilio de una persona que salió sorteado para ser funcionario de casilla en las elecciones del próximo 2 de junio y lo que encontró fue la noticia en voz de la hija de éste:
“Murió hace cuatro años”, dijo. “Mi mamá hizo todos los trámites para levantar el acta de defunción o no lo hubiéramos podido sepultar ni pedir la pensión”.
El funcionario se quedó en una pieza y no supo qué contestar. De hecho, tampoco han sabido qué responder algunos consejeros del instituto ante el caso que se expuso en la prensa de la Ciudad de México como una muestra del tamaño del reto de depurar los fallecimientos del padrón de votantes.
“No tendría que estar en el padrón. Se me hace muy raro”, dijo el consejero Martín Faz a contrarreloj de los comicios donde se renovarán más de 19,000 cargos, entre ellos, la Presidencia de la República,
Los muertos se cuelan frecuentemente en el padrón electoral a pesar de los múltiples convenios que el INE tiene con los registros civiles de todo el país, las instituciones que les notifican los fallecimientos con base en las actas de defunción.
Un informe sobre las notificaciones de defunción que emite el Registro Civil a través del Procedimiento Alterno del organismo para dar de baja del Padrón Electoral a los fallecidos detectó indicios de que alrededor de 17,000 personas fallecidas no estaban reportadas aún cuando no habían recibido ninguna notificación en los últimos meses.
Ante la falta de certeza, el INE tuvo que hacer visitas en domicilios y verificar que, efectivamente, ya no vivían.
Desde el 2019, el INE mantiene una campaña para que los familiares pueden reportar un deceso a través del servicio telefónico Inetel, donde el año pasado se recibieron 3,963 avisos de personas que murieron y los deudos lo informaron para darlos de baja en el Padrón Electoral.
También se puede hacer a través de los módulos de atención ciudadana, pero ha habido quejas sobre la complicación del servicio.
“Hice el tramite en el módulo desde hace dos años, pero no me dieron garantía de que realmente mi mamá se dio de baja, solo me dijeron que revise el padrón electoral y yo no sé cómo hacerlo”, aseguró Gerardo García.
“Primero no querían atenderme, querían que a fuerza marcara a un numero que tienen ahi en un poster, pero nunca entra la llamada y, como estuve insistiendo, de mala gana me hicieron el trámite, pero con el paso del tiempo creo que solo me dieron el avión”.
¿QUÉ PASA?
Uno de los principales incentivos para que los familiares reporten la muerte de los suyos es evitar el mal uso de sus datos o credencial para votar; impedir robos de identidad o que se utilicen en fraudes electorales.
En marzo del año pasado, el Consejo General del INE determinó sancionar a la Asociación Civil “Que Siga la Democracia”, luego de haber entregado 14,940 firmas de personas fallecidas para validar la Revocación de Mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ley exigía 2,758,000 firmas y, al hacer el cotejo se detección de firmas irregulares, se detectó la lista de muertos por lo cual el instituto electoral impuso una multa de medio millón de pesos (alrededor de 29, 400 dólares) y solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación
“La falta perpetrada es grave, especial y dolosa e implica sanciones administrativas y hasta posibles delitos de diversa índole”, concluyó la institución.
La investigación no se realizó y actualmente Gabriela Jiménez, fundadora de “Que Siga la Democracia” es candidata de Morena a diputada federal. En su momento, el consejero Ciro Murayama dijo que el padrón de muertos sólo se pudo hacer con complicidad de funcionarios que manejan programas sociales del gobierno federal.
En un estudio que realizó el INE en 2015 para encontrar las fallas en las bajas de los difuntos del padrón electoral encontró que, entre las causas que lo impiden es la falta de voluntad de los familiares de los fallecidos pues muchas veces siguen recibiendo apoyos del gobierno como si e beneficiario viviera.
Otra situación que encontró como detonante es el aumento de la violencia en el país que se ha agravado en los últimos años: tan solo el número de desaparecidos desde 2018 suman casi 100,000 y alrededor de 172,000 muertos, muchos de los cuales no son identificados o reconocidos por familiares.
Para la identificación de cadáveres, el INE ha recibido 51,634 solicitudes; y únicamente ha encontrado coincidencias solo en 13,000.
La precariedad o falta de voluntad de algunos registros civiles abona también al padrón de muertos. Los servidores públicos del Registro Civil deben informar al Instituto de los fallecimientos de ciudadanas y ciudadanos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de expedición del acta, pero no todos lo hacen.
En algunos estados de la zona sur, la región que tiene mayor número de fallecidos en el padrón, cuando el INE pide el acta de defunción de algún difunto, los familiares dicen que no la tienen que está en otro sitio, que la muerte ocurrió en otro país o a veces ni siquiera aparece un pariente para dar información.
Del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2022, el instituto dio de baja del Padrón Electoral y Listado Nominal a 5,6 millones de ciudadanos fallecidos, pero la gente sigue muriendo.
A través de INETEL, representantes de partidos políticos, en oficinas del Registro Federal de Electores y durante la realización de operativos de campo por parte del Instituto se excluyeron 98,250 registros del Padrón Electoral.
Recientemente el estado de Hidalgo reportó la exclusión de los instrumentos electorales a un total de cinco mil y Puebla 21,000.
Y así sucesivamente.
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