Funcionarios israelíes están preocupados por la posibilidad de que el máximo tribunal penal de la ONU emita órdenes de arresto contra sus principales líderes militares y políticos bajo sospecha de crímenes de guerra.
Algunas informaciones sugieren que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu podría estar entre ellos.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha estado investigando las acciones de Israel en los territorios ocupados durante los últimos tres años y, más recientemente, también las acciones del grupo palestino Hamás.
Tiene el poder de acusar y juzgar a personas por crímenes según el derecho internacional.
En el pasado ha emitido órdenes de arresto contra líderes como el presidente ruso Vladimir Putin, y el de libia, Muammar Gaddafi, y militares como el ugandés Joseph Kony.
Netanyahu ha dicho que la posibilidad de que importantes figuras de Israel se unan a la lista de buscados por la CPI es “un ultraje de proporciones históricas”, acusando a la corte de intentar paralizar la capacidad de su país para defenderse.
El hecho de que haya elegido hacer comentarios públicos sobre este asunto sugiere que, entre bambalinas, se está discutiendo el tema activamente.
Un mensaje claro
Si bien la CPI no ha confirmado nada, cuando el fiscal jefe Karim Khan visitó Israel y la Cisjordania ocupada en diciembre pasado, su mensaje fue claro.
El abogado británico recorrió los lugares de los ataques de Hamás en aldeas israelíes cercanas a la valla de Gaza del 7 de octubre.
También se reunió con líderes políticos y viajó a Ramallah para hablar con las familias de las víctimas palestinas sobre sus experiencias en Gaza y Cisjordania.
Khan condenó la violencia sufrida por civiles de ambos lados y prometió investigar los hechos.
“Todos los actores deben respetar el derecho internacional humanitario”, aclaró en un comunicado en su momento. “Si no lo hacen, no se quejen cuando mi oficina deba actuar”.
Khan dijo que los ataques del 7 de octubre – en los que hombres armados liderados por Hamás mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron 253 rehenes – representan “algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad, crímenes que la CPI fue creada para abordar”.
En el caso de Israel, destacó la obligación de llevar a cabo su operación militar en Gaza según “parámetros legales claros que rigen los conflictos armados”.
Israel ha sido acusado de no proteger a los civiles durante bombardeo en Gaza, aunque insiste en que toma todas las medidas necesarias para evitar víctimas.
El Ministerio de Salud del territorio palestino, dirigido por Hamas, dice que más de 34,500 personas han muerto allí desde que comenzó la guerra, y que muchos eran niños y mujeres.
Khan también subrayó la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, siendo el acceso a alimentos, agua y suministros médicos un derecho básico para los civiles “sin más demora, y a ritmo y escala”.
También instó a Hamás a no desviar ni hacer mal uso de los suministros cuando llegaran, después de las acusaciones de Israel de que sus miembros estaban saqueando camiones y robando ayuda, impidiendo que llegara a la población en general.
Jurisdicción de la CPI
Israel no es miembro de la CPI y dice que la corte no tiene jurisdicción sobre el país.
Pero el tribunal ha dictaminado que desde 2015 sí tiene jurisdicción sobre Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza después de que los palestinos ratificaran su tratado fundacional, el Estatuto de Roma, como Estado de Palestina.
Ninguna democracia de estilo occidental ha recibido antes una orden de arresto de la CPI contra alguno de sus líderes. Si le sucede a Netanyahu, será el primero. Los israelíes están particularmente preocupados por el estigma y el posible aislamiento que conllevaría.
Michael Oren fue embajador de Israel en Estados Unidos entre 2009 y 2013.
En entrevista con la BBC, habló sobre el reciente caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que acusó a Israel de genocidio contra la población palestina en Gaza, un señalamiento que el país rechaza.
En enero, el tribunal emitió un fallo provisional que ordenaba a Israel tomar medidas para prevenir actos genocidas en Gaza, pero no llegó a decirle que detuviera su ofensiva militar.
“Israel salió relativamente ileso de esos procedimientos, pero el hecho de que se llevaran a cabo significaba que Israel había perdido la batalla”, le dijo a la BBC.
“No deberían haberse detenido en eso en absoluto, y ciertamente es un golpe a nuestra posición internacional y a nuestra seguridad. Porque un país cuyos líderes son acusados de crímenes de guerra, es más vulnerable”.
Afecta a ambas partes del conflicto
Geoffrey Nice, otro abogado británico, dirigió el procesamiento del expresidente serbio Slobodan Milosevic por crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
Señala que las acciones de ambas partes en este conflicto están dentro del foco de atención de la CPI.
“Cualquier investigación no afectará sólo a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los dirigentes políticos y militares de ese país, sino también a Hamás“, dijo a la BBC.
También abordó las sugerencias de que la CPI podría estar bajo presión política para reconsiderar su toma de decisiones.
“Los gobiernos de todo el mundo, particularmente los gobiernos grandes y poderosos, están ahí para proteger los intereses de sus países.
“Entonces, si ven que se acerca un juicio o una investigación… eso les causaría como país un gran daño a su reputación, y si consideran que pueden interferir con el juicio o los procesos de investigación para salvarse de ese daño a su reputación, entonces lo harán, porque están actuando en interés de su país”.
El plazo para emitir órdenes puede variar, y a veces transcurren semanas e incluso meses entre el momento en el que el fiscal de la CPI la solicita y los jueces la conceden.
A veces los detalles pueden mantenerse confidenciales si se considera que hacerlos públicos disminuiría la posibilidad de un arresto.
Una medida así contra Netanyahu, sus socios políticos o los comandantes militares israelíes también tendría implicaciones prácticas.
Afectaría su capacidad para viajar, ya que las naciones del Estatuto de Roma están obligadas a entregar a personas con órdenes de arresto en su contra.
Sin embargo, algunas de esas naciones han ignorado las órdenes de la CPI en los últimos años.
El exembajador israelí Michael Oren cree que el impacto final sería mucho más amplio y cambiaría la narrativa de la sociedad israelí.
“En general, [la sociedad israelí] responde al amor. No responde a la agresión. Si quieres obtener concesiones de los israelíes, no los golpees en la cabeza, abrázalos”, dijo.
“Todas estas medidas tienden a mover la aguja política en este país hacia la derecha y no al revés. Tendría un efecto boomerang, y en lugar de abrir caminos a un posible proceso diplomático, probablemente los cerrará”.
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