El domingo, horas antes de que Delcy Rodríguez asumiera el poder en Caracas y Nicolás Maduro pasara a disposición de un juez federal en Estados Unidos, un tribunal estadounidense quedaba habilitado para avanzar, sin defensa de los acusados, hacia una sentencia que declarará al … poder venezolano una organización criminal dedicada al narcotráfico y al terrorismo. Y la nueva presidenta venezolana está demandada como parte central en esta causa.
El movimiento procesal fue técnico, pero de enorme alcance. Los abogados que representan a víctimas del régimen solicitaron al tribunal que declare en rebeldía a los acusados, entre ellos Maduro y Delcy, tras no haber respondido a la demanda dentro del plazo legal, después de que esta fuera admitida. No se trata todavía de una sentencia, pero sí de una puerta que se abre de par en par: si el juez acepta la rebeldía, el procedimiento puede avanzar en ausencia de los demandados, dando por ciertos los hechos alegados y pasando directamente a la fase de daños, indemnizaciones y medidas civiles.
El tribunal había autorizado previamente un sistema de notificación alternativa y acelerada, consciente de la naturaleza del caso y de la dificultad de emplazar formalmente a dirigentes de un Estado extranjero. Según consta en los escritos, los acusados fueron notificados el 10 de diciembre de 2025 y el plazo para responder venció el 31 de diciembre sin que ninguno compareciera. Ese silencio procesal es el que ahora permite a los demandantes pedir que el caso siga su curso sin ellos.
Demanda por crimen organizado
El objetivo de la demanda va mucho más allá de una compensación económica. Las víctimas buscan una declaración judicial que establezca de forma expresa que el poder venezolano operó durante años como una organización criminal continuada. De lograrse, esa calificación tendría consecuencias duraderas: habilitaría embargos de bienes, persecución de activos en distintas jurisdicciones y nuevas acciones legales en otros países. Para quienes impulsan la causa, se trata de romper la impunidad internacional del régimen y fijar responsabilidades con una resolución judicial federal.
Los documentos de la demanda presentada en un tribunal de Florida contra la cúpula venezolana
El encuadre bajo la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, por sus siglas en inglés) eleva de forma sustancial el alcance del procedimiento. Esta norma, pensada originalmente para combatir a la mafia, permite perseguir no hechos aislados, sino la existencia de una «empresa criminal» que actúa de forma continuada mediante un patrón de delitos. En el ámbito civil, RICO autoriza la imposición de daños triplicados, responsabilidades solidarias entre todos los acusados y el decomiso o embargo de bienes vinculados al entramado, incluso fuera de Estados Unidos si existe conexión jurisdiccional.
La demanda describe a Maduro como el jefe último de esa estructura. Afirma literalmente que «controla el aparato ilegítimo que gobierna Venezuela como un narco-Estado y una cleptocracia», y sostiene que «comete actos flagrantes de terrorismo contra ciudadanos de Estados Unidos». Recuerda además que ya ha sido imputado en Nueva York «por narcoterrorismo contra toda la población estadounidense», enlazando así la vía civil de Florida con el proceso penal abierto en Manhattan.
Delcy aparece señalada como acusada individual y como parte del núcleo dirigente
«Asociación de hecho»
El escrito detalla la arquitectura del entramado que, según los demandantes, sostuvo el poder chavista durante años. «Maduro, el cártel de los Soles, PDVSA y los acusados individuales forman una asociación de hecho», señala, «con el propósito común y continuado de sostener el control autoritario ilegal de Maduro sobre Venezuela y cometer actos criminales que incluyen, entre otros, narcotráfico, actos de terrorismo —incluido el narcoterrorismo—, violaciones de derechos humanos como secuestro, tortura y asesinato, corrupción pública y lavado de dinero».
En uno de los pasajes más contundentes, la demanda define esa estructura como «el ejemplo perfecto de lo que el Congreso tenía en mente al crear el remedio civil RICO: un sindicato criminal bien organizado, jerárquico y de larga duración, implicado en múltiples actividades criminales violentas». No se trata, por tanto, de una suma de abusos o excesos puntuales, sino de una acusación de crimen organizado con cobertura estatal.
Delcy aparece señalada como acusada individual y como parte del núcleo dirigente. El escrito la incluye entre quienes habrían proporcionado apoyo material esencial para el funcionamiento de la empresa criminal. Según la demanda, los acusados facilitaron a Maduro «flujos constantes de ingresos procedentes del narcotráfico, servicios continuados de lavado de dinero y ayuda para evadir sanciones de Estados Unidos», y subraya que «sin ese apoyo dispuesto, el terrorismo de Maduro contra ciudadanos estadounidenses no sería posible».
Además de Maduro y Delcy, entre los acusados figuran la esposa de él, Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, y Diosdado Cabello
Larga lista de acusados
La acusación va más allá del apoyo genérico y sitúa a todos los acusados individuales, incluida Delcy, dentro de una conspiración criminal concreta. «Todos los acusados acordaron la conspiración criminal de Maduro para cometer actos ilegales que incluyen narcotráfico, narcoterrorismo y otros actos de terrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos, secuestro, tortura y lavado de dinero», sostiene el texto. En el plano fáctico, afirma que el «secuestro, la detención arbitraria y la tortura» sufridos por varias de las víctimas demandantes «fueron actos manifiestos realizados en ejecución de esa conspiración».
La lista de acusados dibuja un retrato amplio del poder chavista. Además de Maduro y Delcy, figuran la esposa de él, Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello, altos mandos militares y de inteligencia, el denominado cártel de los Soles y entidades públicas como la petrolera estatal PDVSA. A todas ellas se les atribuye haber facilitado narcotráfico, blanqueo de capitales y actos de violencia dentro de una organización criminal continuada.
En términos generales, la demanda sostiene que el Estado venezolano y su cúpula política y militar operaron durante años como una estructura criminal. Describe al cártel de los Soles como una «empresa delictiva» en el sentido de la ley RICO, dedicada al narcotráfico a gran escala, al lavado de dinero y al uso sistemático de la violencia, con el respaldo de instituciones estatales, fuerzas armadas, sistema judicial y empresas públicas.
Según los demandantes, el objetivo común fue sostener el control del poder mediante delitos reiterados con impacto directo en Estados Unidos. Entre las conductas alegadas figuran conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense, colaboración con organizaciones armadas designadas como terroristas, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos, corrupción institucional y lavado de dinero a través del sistema financiero internacional, todo ello encajado como un patrón continuado de crimen organizado.
Dos casos abiertos
El hecho de que Delcy no haya respondido a la demanda ha llevado a los demandantes a solicitar que también sea declarada en rebeldía. Si el juez accede, el tribunal podría dar por admitidas las alegaciones en su contra en el ámbito civil, con consecuencias patrimoniales relevantes y potencialmente ejecutables sobre bienes y activos vinculados a su entorno.
Aunque se trata de un procedimiento civil, sus implicaciones son profundas. Una sentencia en ausencia no enviaría a los acusados a prisión, pero sí podría fijar judicialmente que el poder venezolano funcionó como una organización criminal transnacional. Esa constatación tendría efectos duraderos sobre sanciones, relaciones financieras y futuras acciones judiciales dentro y fuera de Estados Unidos.
El caso de Florida discurre en paralelo al proceso penal abierto en Nueva York. Allí, Maduro afronta cargos por narcoterrorismo y conspiración criminal; en Florida, su cúpula de poder se enfrenta a una acción civil que busca fijar responsabilidades económicas y legales bajo el mismo relato de crimen organizado. Son dos vías distintas, pero convergentes, que avanzan al mismo tiempo desde frentes judiciales diferentes.
Los demandantes son víctimas directas del régimen venezolano y sus familiares, en su mayoría ciudadanos venezolanos y algunos con vínculos con Estados Unidos. Alegan haber sufrido daños graves como consecuencia directa de las actuaciones del aparato de poder chavista. Comparecen a título privado, representados por despachos estadounidenses especializados en litigios complejos, derechos humanos y causas RICO.
Operar como una organización criminal
Sostienen que el núcleo del poder venezolano no solo incurrió en corrupción o abusos de poder, sino que operó durante años como una organización criminal responsable de secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y persecución política. En varios casos, afirman haber sido privados ilegalmente de libertad y utilizados como rehenes políticos o moneda de cambio en negociaciones internacionales impulsadas desde el propio Estado.
La base jurídica de la demanda es que esas conductas no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático y organizado diseñado para mantener al régimen en el poder y financiado, entre otras vías, con ingresos del narcotráfico. Por eso encuadran el caso bajo la ley federal RICO, un instrumento excepcional que, de prosperar, puede dejar una huella judicial duradera sobre el futuro político, económico y legal del chavismo.