Con tan solo 34 años, la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez se encuentra al frente de uno de los procesos más relevantes del presente año, al asumir la responsabilidad de dirigir la audiencia contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, ambos son considerados como las principales figuras señaladas por una serie de irregularidades que estarían relacionadas con el colapso ocurrido en el centro de entretenimiento Jet Set, ubicado en el Distrito Nacional, República Dominicana.
El documento judicial indica que los implicados habrían actuado con falta de responsabilidad al no intervenir ante el visible deterioro que presentaba el techo del lugar. Según se expone, esta omisión de medidas preventivas podría haber facilitado la ocurrencia de los hechos que ahora son investigados.
Además de lo estructural, el caso abarca elementos relacionados con posibles actos de obtención de fondos de manera indebida, ocultamiento de recursos y presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. Estos aspectos fueron presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entidad que ahora solicita que se imponga prisión preventiva para los acusados. Será la magistrada Veloz Suárez quien tendrá a su cargo la decisión sobre la solicitud.
Para la jueza, este no representa un escenario ajeno. Su historial en los últimos dos años demuestra un manejo constante de casos complejos y de alto perfil. En su tribunal han sido ventilados temas vinculados con corrupción en el Estado, delitos migratorios, operaciones financieras ilícitas y trata de personas, donde ha demostrado equilibrio entre rigor judicial y apego al debido proceso.
Durante diciembre de 2024, su juzgado decidió posponer una audiencia de alcance internacional por la falta de un traductor de creole. Este proceso involucraba a cuatro ciudadanos haitianos, y la acción fue valorada por muchos como una medida en favor de los derechos procesales.
En noviembre del mismo año, impuso medidas coercitivas a once agentes, quienes fueron vinculados con la sustracción de 900 mil municiones del arsenal policial en el marco de la Operación Pandora. Asimismo, dictó restricciones contra autoridades de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem) por un posible desfalco superior a los RD$60 millones.
Otro caso que resaltó fue el relacionado con una madre acusada de entregar a sus dos hijas a una red internacional de explotación infantil. Ante los indicios presentados, Veloz Suárez decidió imponer prisión preventiva.
En octubre, también se vinculó con la Operación Camaleón, trabajando junto a la PEPCA en la emisión de órdenes de arresto por supuestos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en lo referente a una licitación relacionada con el sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo.
Sin embargo, no todas sus decisiones han sido de carácter restrictivo. En otro proceso de alto perfil, ordenó la puesta en libertad de Marisol Franco, pareja de “César el Abusador”, ante la falta de evidencias suficientes. Aunque esta medida generó opiniones divididas, se consideró legalmente fundamentada.
Otro ejemplo de su enfoque judicial ocurrió en octubre de 2023, cuando optó por no enviar a prisión a 23 jóvenes que enfrentaban cargos por intento de fraude migratorio. En su lugar, impuso sanciones alternativas que evitaron afectar sus oportunidades futuras.
En sus inicios, Veloz Suárez formó parte del Ministerio Público y más adelante se desempeñó como jueza suplente en San Cristóbal. Fue en ese periodo cuando su nombre se mencionó en relación con el caso “Quirinito”, aunque la investigación disciplinaria fue cerrada sin consecuencias. Aun así, ese episodio marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.
Por Alexis Urraca @enkalienterd