Una jueza federal impidió el viernes que la administración de Donald Trump desmantelara la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), uno de los primeros blancos de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
La jueza federal de distrito Amy Berman Jackson prohibió a la administración suspender las labores y despedir a los empleados de la CFPB, y ordenó la reincorporación de los trabajadores previamente despedidos en su fallo.
También bloqueó la destrucción de los registros de la CFPB y ordenó la anulación de cualquier cancelación de contrato “al por mayor” emitida a partir del 11 de febrero.
Jackson inició su decisión citando la publicación de Musk en la plataforma social X, que presagiaba el fin de la agencia: “QEPD CFPB”.
“En resumen, el Tribunal no puede ignorar la situación o la CFPB será disuelta y desmantelada por completo en aproximadamente treinta días, mucho antes de que esta demanda haya concluido”, escribió Jackson en su dictamen de 112 páginas.
El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro y otros grupos demandaron el mes pasado al director interino de la CFPB, Russell Vought, por el desmantelamiento de la agencia, argumentando que la medida viola la separación de poderes entre las ramas del gobierno.
Tras la confirmación de Vought como director de la Oficina de Administración y Presupuesto, también fue designado director interino de la CFPB. Rápidamente ordenó a los empleados que “cesaran toda actividad de supervisión e inspección” y cerró temporalmente la sede de la agencia, antes de ordenar a los empleados que suspendieran sus labores por completo y de despedir a docenas de empleados en período de prueba.
La administración Trump ha insistido en que no planea eliminar la agencia, señalando la nominación de Jonathan McKernan por parte del presidente como director de la CFPB y los planes de Vought para optimizar el organismo de control del consumidor.
Sin embargo, varios empleados de la CFPB han afirmado que se les informó que la administración planea “reducir” la actividad de la agencia, eliminando a todos los empleados menos a cinco y trasladando las funciones que le exige la ley a otra entidad.
En medio de discrepancias entre ambas partes, la jueza Jackson celebró una audiencia probatoria de dos días para sopesar si acceder a la solicitud del sindicato de impedir que la administración Trump tome dichas medidas en la agencia.
“Cuanto más documentos se presentan, menos claro se vuelve”, declaró Jackson el mes pasado, antes de programar las audiencias.
A mediados de febrero, Jackson prohibió temporalmente a los funcionarios de la administración despedir empleados sin causa justificada u ordenar una reducción de personal, después de que el sindicato expresara su preocupación por la inminencia de despidos masivos. Correos electrónicos internos y el testimonio de dos empleados de la CFPB indican que la administración planeaba recortar a casi 1,200 trabajadores de la plantilla de la agencia, de un total de 1,700, el día en que entró en vigor la orden judicial.
La administración también planeó recortar más empleados en una segunda fase, en la que la agencia “reduciría su plantilla por completo”, declaró un empleado. Los planes de despidos masivos siguen vigentes, y el personal ha seguido celebrando reuniones sobre los recortes, según el empleado, quien declaró bajo el seudónimo de Alex Doe.
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Deepak Gupta, abogado de los demandantes, declaró durante la audiencia del mes pasado que si la jueza no hubiera emitido dicha orden, “no habría agencia que preservar”.
Jackson declaró en su dictamen del viernes que las pruebas revelaban que la administración “estaba, de hecho, involucrada en un esfuerzo concertado y acelerado para cerrar la agencia por completo” antes de su orden de febrero.
“El hecho de que el esfuerzo se viera temporalmente obstaculizado o ralentizado por la intervención del Tribunal y la emisión de una orden de consentimiento para congelar la situación no significa que la decisión aún no esté finalizada ni que se haya abandonado”, escribió la jueza.
La jueza también afirmó que Trump tiene la libertad de recurrir al Congreso para cerrar la agencia, pero que los esfuerzos de su administración para cerrarla hasta el momento probablemente han sido ilegales.
“Si bien el presidente tiene la libertad de proponer legislación al Congreso para lograr este objetivo, los demandados no tienen la libertad de eliminar una agencia creada por ley por su cuenta, y mucho menos antes de que el Tribunal haya tenido la oportunidad de decidir sobre el fondo de la impugnación de los demandantes”, declaró Jackson.
El testimonio de Doe y de un compañero de la CFPB contradijo en ocasiones el de un alto funcionario de la agencia, quien presentó un panorama menos desalentador de la situación actual en el organismo de protección del consumidor.
Adam Martinez, director de operaciones de la CFPB, detalló el “caos” y la “confusión” que se produjeron tras la llegada del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk a la agencia a principios de febrero.
Sin embargo, sugirió que hay “menos confusión hoy”, señalando que la agencia está funcionando al nivel requerido por ley. Varias oficinas de la CFPB recibieron autorización para reanudar sus labores a principios de marzo, después de que Mark Paoletta, director jurídico de la agencia, enviara un correo electrónico aclarando que el personal debía realizar las tareas requeridas por ley.
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