Un juez de Nueva York emitió el martes una orden de silencio que prohíbe a Donald Trump hacer declaraciones públicas sobre testigos, fiscales, personal del tribunal y jurados en su próximo juicio penal por dinero en secreto.
El juez Juan M. Merchán citó los comentarios anteriores de Trump sobre él y otros involucrados en el caso, así como la inminente fecha del juicio el 15 de abril para conceder la solicitud de la fiscalía de una orden de silencio.
“No hay duda de que la inminencia del riesgo de daño es ahora primordial”, escribió Merchan.
Los fiscales habían solicitado la orden de silencio citando lo que llamaron su “largo historial de hacer comentarios públicos e incendiarios” sobre las personas involucradas en sus casos legales.
La orden también prohíbe a Trump hacer o ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre las personas involucradas en el juicio, pero no se aplica al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, porque es un funcionario electo.
La orden de silencio se suma a las restricciones impuestas después de la lectura de cargos contra Trump en abril pasado que le prohíben utilizar pruebas del caso para atacar a los testigos.
El juicio, que involucra acusaciones relacionadas con dinero pagado durante la campaña de Trump de 2016 para encubrir acusaciones de infidelidad matrimonial, había estado en el limbo después de que sus abogados se quejaron de una reciente avalancha de casi 200.000 páginas de evidencia de una investigación federal anterior sobre el asunto.
Los abogados de Trump acusaron a la oficina de Bragg de no buscar intencionalmente pruebas de la investigación federal de 2018, que envió al exabogado de Trump, Michael Cohen, a prisión.
Sostuvieron que los fiscales que trabajaban bajo Bragg, un demócrata, lo hicieron para obtener una ventaja injusta en el caso y perjudicar las posibilidades electorales de Trump. Cohen, ahora un crítico vocal de Trump, está preparado para ser un testigo clave de la acusación contra su exjefe.
Merchan se enfureció ante las afirmaciones de la defensa en una audiencia el lunes, diciendo que la oficina del fiscal del distrito no tenía el deber de recopilar pruebas de la investigación federal, ni que la oficina del fiscal federal estaba obligada a entregar voluntariamente los documentos.
Lo que ocurrió estuvo “muy lejos” de que los fiscales de Manhattan “se involucraran en el proceso y trataran de manera vehemente y agresiva de obstruir su capacidad de obtener documentación”, dijo el juez.
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