Un juez federal ha ordenado paralizar este martes la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el solar donde se encontraba el Ala Este demolida de la Casa Blanca, deteniendo así, por el momento, uno de los esfuerzos más visibles … del presidente republicano por remodelar la sede del poder estadounidense.
El juez de distrito Richard Leon ha concedido una orden judicial preliminar solicitada por el National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro que interpuso una demanda alegando que Trump excedió su autoridad al demoler el histórico Ala Este e iniciar la construcción sin la aprobación del Congreso.
La decisión de Leon, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, mantiene en suspenso el proyecto del salón de baile de 8.361 metros cuadrados mientras continúa el litigio. «¿Qué significa esto? Desafortunadamente para los demandados, a menos que el Congreso apruebe este proyecto mediante autorización legal, ¡la construcción debe detenerse!», ha escrito Leon en su resolución. Así, ha dictaminado que Trump es el «administrador» de la Casa Blanca, pero «¡no es, sin embargo, el propietario!». «Ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente la autoridad que afirma tener» en este caso, sostiene el juez.
El fallo de Leon representa un duro revés para el Departamento de Justicia de Trump, que se opuso a la orden judicial y ha defendido el salón de baile como una modificación permitida que moderniza los terrenos de la Casa Blanca. El National Trust demandó a Trump y a varias agencias federales en diciembre, después de que la administración demoliera el Ala Este —construida originalmente en 1902 y ampliada cuatro décadas después durante la presidencia de Franklin Roosevelt— para dar paso a lo que Trump ha prometido que será el salón de baile «más elegante» del país.
El grupo argumenta que ni el presidente ni el Servicio de Parques Nacionales, que administra los terrenos de la Casa Blanca, tenían autoridad para demoler la estructura histórica ni para construir una nueva instalación importante sin la aprobación explícita del Congreso. En una audiencia del 17 de marzo, Leon presionó a los abogados del gobierno sobre las cambiantes explicaciones del Departamento de Justicia respecto a la autoridad del presidente, calificando los terrenos de la Casa Blanca como un «lugar especial» y un «símbolo icónico» de la nación.
El gobierno ha declarado que el salón de baile modernizará la infraestructura, reforzará la seguridad y aliviará la presión sobre la Residencia Presidencial, que a menudo depende de estructuras temporales al aire libre para albergar grandes eventos. Los funcionarios enfatizan que el proyecto está financiado íntegramente por donantes privados, un punto que Trump ha destacado.