El juez federal Jamar Walker, designado por el presidente Joe Biden, denegó este viernes la solicitud de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que buscaba obligar a los fiscales federales a mantener un registro detallado de todas sus comunicaciones con medios de comunicación dentro del caso por fraude hipotecario que la involucra.
La moción fue presentada la semana pasada por el abogado defensor Abbe Lowell, después de que James fuera formalmente acusada de fraude bancario y declaraciones falsas. La petición respondía a las revelaciones sobre la fiscal federal Lindsey Halligan, quien mantuvo comunicaciones cifradas a través de Signal con Anna Bower, editora senior del medio Lawfare, relacionadas con el caso judicial.
En una orden de seis páginas, el juez Walker determinó que ‘el acusado no demuestra que sea necesario que la Corte ordene al gobierno que rastree las comunicaciones con los medios en ninguna forma particular’. En consecuencia, rechazó explícitamente ‘la solicitud del acusado de que se requiera al gobierno mantener un registro de comunicaciones’.
El magistrado reconoció que las conversaciones de Halligan con la periodista a principios de mes eran ‘inusuales’, aunque se abstuvo de pronunciarse sobre ‘si fueron impropias en algún sentido, ya sea legal o ético’. No obstante, enfatizó que los fiscales federales deben cumplir estrictamente con todas las normas procesales, sin señalar que se hubiera producido alguna violación específica.
Como medida cautelar, Walker ordenó una ‘retención litigiosa que impida la eliminación o destrucción de cualquier registro o comunicación relacionada con la investigación o el enjuiciamiento de este caso’. Esta disposición adquiere especial relevancia dado que los mensajes de Halligan a través de Signal estaban programados para autodestruirse transcurridas ocho horas.
El juez no se pronunció sobre si los mensajes de la fiscal —que cuestionaban un reportaje del New York Times acerca del testimonio de la sobrina nieta de James ante el gran jurado— constituían material sujeto a las normas de descubrimiento probatorio. En sus consideraciones, Walker señaló que ‘la Corte no está convencida de que la preservación de evidencia relacionada con las comunicaciones del gobierno requiera que dicha evidencia se mantenga en ninguna forma particular’, añadiendo que ‘confía en que los abogados de ambas partes cumplirán con esta Orden sin más supervisión’.
Como contramedida a la solicitud de James, los fiscales federales habían pedido la imposición de una orden de silencio contra la fiscal general de Nueva York, petición que también fue denegada por el juez Walker.
James se declaró inocente la semana pasada ante los cargos de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera. La acusación indica que la conocida adversaria política de Donald Trump adquirió una vivienda en Norfolk, Virginia, con un préstamo de 109.600 dólares en agosto de 2020, utilizando un anexo de segunda vivienda que la designaba como ‘única prestataria para ocupar y usar la propiedad’.
Según la investigación fiscal, esta declaración le habría permitido a James obtener términos hipotecarios más favorables, generándole un beneficio aproximado de 19.000 dólares. Sin embargo, los fiscales sostienen que la propiedad nunca fue ocupada por la fiscal general, sino que fue utilizada como inversión inmobiliaria para alquiler, específicamente para alojar a su sobrina nieta, Nakia Thompson.
De ser condenada por ambos cargos, Letitia James enfrenta una pena máxima de 60 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 2 millones de dólares.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**