Un nuevo capítulo judicial se abre en torno a la tragedia del Jet Set, luego de que fuera interpuesta una demanda formal contra los propietarios y administradores de la emblemática discoteca, acusándolos de violar el artículo 319 del Código Penal dominicano, que sanciona el homicidio involuntario.
La acción legal surge tras el colapso estructural ocurrido recientemente en el establecimiento, un suceso que dejó a decenas de familias sumidas en el dolor y generó un debate nacional sobre la seguridad de los espacios públicos.
Según la demanda, los responsables del local habrían incurrido en negligencias graves, al no garantizar condiciones estructurales adecuadas ni cumplir con las normativas establecidas para protección de la vida.
El artículo 319 establece sanciones para quienes, por imprudencia o descuido, provoquen pérdidas humanas sin intención directa, lo que convierte esta acusación en un procedimiento penal de alto impacto, con potenciales consecuencias legales severas para los involucrados en la gestión del Jet Set.
La querella fue introducida por representantes de varias víctimas directas e indirectas del siniestro, quienes han solicitado a las autoridades judiciales una investigación exhaustiva y la imposición de sanciones ejemplares que sienten un precedente sobre la responsabilidad civil y penal en la operación de locales de entretenimiento.
Desde el primer momento, el caso ha captado la atención del país, tanto por el perfil de las víctimas como por la relevancia histórica del Jet Set en la vida nocturna de Santo Domingo.
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El desplome de su techo durante una actividad artística ha sido calificado como uno de los incidentes más trágicos en la historia reciente del entretenimiento dominicano.
A partir de esta demanda, las autoridades judiciales están llamadas a establecer si existieron omisiones, irregularidades o faltas de mantenimiento que pudieran haber sido evitadas, y que, de haberse corregido, habrían impedido la pérdida de vidas humanas.
La Procuraduría General de la República no ha emitido todavía una declaración oficial sobre la admisión del caso, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer si se abrirá un proceso penal formal y bajo qué condiciones serán citados los acusados.
Desde hoy, los propietarios y administradores de espacios públicos estarán bajo mayor escrutinio, pues esta demanda abre una vía judicial que podría redefinir la responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos estructurales.
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