En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, avanza un caso de presunta estafa que mantiene la atención de autoridades y público. Un abogado permanece bajo custodia, acusado de engañar a una mujer en una transacción inmobiliaria por un monto considerable. El caso se encuentra en tribunales para determinar responsabilidades penales conforme a las normativas vigentes.
El abogado Félix Portes, representante de la parte agraviada, detalló elementos del expediente acusatorio. Las medidas de coerción se sustentan en pruebas que describen documentos que, según valoración del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), fueron alterados. Estos documentos falsificados pretendían consolidar la venta de un inmueble valuado en más de tres millones de dólares. Según las acusaciones, el letrado y otros implicados idearon un esquema para inducir a error a su cliente mediante un aparente cumplimiento de pago.
El abogado de la parte afectada enfatizó la importancia de las pruebas presentadas, que corroborarían el fraude y sugerirían posibles intentos de obstrucción legal. El equipo jurídico solicita prisión preventiva para asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso judicial.
La exposición del caso generó preocupación ciudadana, especialmente entre quienes realizan transacciones inmobiliarias. Expertos en derecho destacan la necesidad de reforzar mecanismos de vigilancia y validación documental. El Poder Judicial y el Colegio de Abogados reiteraron su compromiso con la aplicación estricta de las leyes.
Las audiencias iniciales anticipan un exhaustivo intercambio argumentativo entre las partes. La postura firme de la parte querellante y el respaldo del Ministerio Público serán cruciales para el desenlace del caso.
La comunidad espera actualizaciones de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, en anticipación de una resolución justa. Las próximas horas son críticas y el caso podría sentar precedentes para litigios similares.
Las autoridades reiteran la necesidad de mantener la confianza en los sistemas legales y la cooperación entre entidades judiciales y población, asegurando que la integridad sea la base de todas las actividades comerciales y jurídicas.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**