En el municipio de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, un presunto caso de maltrato infantil ha generado alerta sobre las prácticas y condiciones de algunos campamentos religiosos en el país. La denuncia involucra a una niña de 13 años proveniente de Azua y ha motivado la investigación de un campamento dirigido supuestamente por una pastora conocida en la región.
El padre de la menor permitió que la pastora trasladara a su hija al campamento en Cotuí bajo la promesa de que su estancia sería beneficiosa. Según testimonios de la joven y su padre, las condiciones en el lugar distaban de lo proyectado inicialmente. La menor describió el ambiente como desfavorable, afirmando haber presenciado castigos físicos a otras menores y carencia de acceso a educación formal.
El traslado se produjo sin la formalización protocolaria que requiere cualquier cambio de custodia de menores, basándose únicamente en un acuerdo verbal. Esta situación, según el padre, se motivó por sugerencias de la pastora de evitar involucrar al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI).
El padre manifestó sospechas al notar actitudes evasivas de la pastora cuando solicitó la dirección del campamento. Al llegar, encontró una iglesia sin medidas de seguridad adecuadas. Durante su visita, un supuesto intento de intimidación por parte del pastor encargado elevó las preocupaciones. Mediante la intervención del Ministerio Público y CONANI, finalmente se logró recuperar a la menor.
Los testimonios de la niña incluyen revelaciones sobre el trato hacia sus compañeras, mencionando castigos atribuidos a creencias religiosas que justificaban acciones físicas como disciplina. Además, existen acusaciones de que los menores dormían en condiciones inadecuadas, sin infraestructura adecuada para un alojamiento digno.
Según entrevistas a comerciantes locales, el campamento tiene antecedentes cuestionables, con rumores sobre episodios trágicos ocurridos en ese entorno. Estos informes no han sido confirmados y continúan siendo objeto de investigación.
El caso ha expuesto deficiencias en la coordinación entre entidades responsables de la protección de derechos de menores y la fiscalía. En el campamento se albergaban aproximadamente siete niñas, todas sin las condiciones mínimas para su bienestar físico y emocional.
La investigación sobre este campamento religioso continúa en curso, con autoridades locales colaborando para esclarecer los detalles de las denuncias. La comunidad y familias afectadas esperan un pronunciamiento oficial que brinde claridad y asegure reformas preventivas para proteger a más menores en situaciones similares.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**