Marggie Xiomara Orozco Tapias, médica originaria de San Juan de Colón, fue condenada a treinta años de reclusión por un mensaje político difundido durante una campaña electoral en Venezuela. El veredicto ha generado impacto y debate entre la comunidad y defensores de derechos humanos.
El proceso judicial contra Orozco surgió por un audio compartido durante el período preelectoral, donde instaba a votar en contra del actual gobierno, al que responsabilizó por las condiciones económicas del país. Las autoridades interpretaron sus palabras como amenaza potencial a la estabilidad nacional, aunque el mensaje no contenía llamados a actos de violencia.
El proceso judicial estuvo rodeado de controversia. Tras las elecciones, agentes estatales llevaron a Orozco para un interrogatorio nocturno sin notificación formal. Durante tres días, su familia desconoció su paradero, situación que generó protestas.
La jueza Luz Dary Moreno, encargada del caso, rechazó concesiones como arresto domiciliario, alegando riesgo de que Orozco influenciara a testigos. Las decisiones han sido percibidas como parte de un enfoque gubernamental para limitar el disenso.
La comunidad de San Juan de Colón considera desproporcionada la sentencia. Residentes ven el caso como símbolo del enfrentamiento entre la voz popular y las respuestas estatales. Organizaciones de derechos humanos han seguido la situación, enfatizando la necesidad de garantizar debido proceso y considerar opiniones divergentes como parte del diálogo democrático.
El desenlace de este procedimiento judicial podría establecer un precedente sobre cómo se gestionan las voces disidentes en el futuro.
REDACCIÓN FV MEDIOS