El relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, expresó su preocupación respecto al incumplimiento o a la demora en acatarse una serie de sentencias judiciales en Ecuador sobre protección del medio ambiente y de la salud y vida de las personas, así como sobre los efectos de la minería ilegal.
Durante una visita de cinco días a Ecuador en la que tuvo actividades académicas y reuniones con representantes de comunidades indígenas, Orellana enfatizó en una entrevista con EFE que “el cumplimiento de fallos de la judicatura es un elemento esencial del Estado de Derecho y una garantía establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
“Estos fallos no han sido cumplidos o todavía hay demora en el cumplimiento, es ciertamente preocupante”, manifestó Orellana respecto a casos como la sentencia que ordena el retiro de más de 400 antorchas de gas, conocidas popularmente en Ecuador como “mecheros”, que se encuentran en los campos petroleros más antiguos de la Amazonía ecuatoriana para quemar el gas que es extraído junto al crudo.
Asimismo, mencionó el caso del proceso de cierre del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos de petróleo más importantes del país, sobre el que los ecuatorianos votaron el año pasado a favor de su desmantelamiento en un histórico plebiscito para proteger el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad del mundo.
Hasta el momento el Bloque 43-ITT continúa en producción y el Gobierno, que recientemente creó un comité para manejar el plan de cierre, aún no ha ofrecido un cronograma para cumplir con esta orden ciudadana, cuyo cumplimiento es evaluado por la Corte Constitucional.
Otro caso emblemático mencionado por Orellana es el de Sarayaku, la comunidad del pueblo kichwa que, en 2012, logró una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para anular concesiones mineras que habían sido otorgadas en su territorio sin su consentimiento previo, pero donde hasta ahora no se han retirado de la zona más de una tonelada de explosivos.
“Eso pone en peligro la vida y la salud de las personas, sin que tampoco haya una intención clara por parte del Estado para retirarlos”, comentó Orellana.
Arsénico, cianuro y mercurio en minería
El relator especial de ONU también incidió en el manejo de sustancias altamente tóxicas por parte de algunas operaciones mineras que acumulan desechos con una alta presencia de arsénico o cianuro. “Podrían tener accidentes y contaminar ríos. Ciertamente eso es preocupante”, mencionó Orellana.
“Puede perjudicar el disfrute efectivo de los derechos humanos, porque personas pueden perder la vida por la exposición a sustancias peligrosas, tener graves afectaciones a su salud y ver afectado el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, añadió.
Orellana también se refirió a la contaminación causada por la pequeña minería aurífera, donde “el mercurio es un elemento sumamente peligroso, capaz de cruzar la placenta humana y afectar al feto, puede generar todo tipo de afectaciones a la salud que son sumamente graves, como pérdida de capacidad motriz”.
“Además es un metal persistente que no es absorbido por la naturaleza. Una vez liberado al ambiente genera zonas de sacrificio que permanecen ahí por décadas, si no siglos”, detalló.
Preocupación por agrotóxicos
Asimismo, Orellana señaló la utilización también de agrotóxicos, especialmente en la agricultura extensiva, “muchos de los cuales se encuentran prohibidos en los en sus países de origen porque son peligrosos para la salud y para el medio ambiente y, sin embargo, los producen para exportarlos a países en desarrollo y países en desarrollo, como en el caso de Ecuador”.
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