Con los nervios alterados y la preocupación a flor de piel, decenas de inquilinos del edificio ubicado en el 63 de Tiffany Place en Brooklyn, en la costa de Brooklyn, se unieron por la misma causa.
A viva voz, piden poder comprar el edificio. Exigen que se aprueben dos proyectos de ley que darían a los inquilinos y organizaciones sin fines de lucro la oportunidad de comprar un edificio residencial cuando esté a la venta.
Se trata de la medida conocida como ‘Ley de Oportunidad de Compra para Inquilinos’, o TOPA, a nivel estatal, y ‘Ley de Oportunidad de Compra para la Comunidad’, COPA, a nivel local.
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¿Su preocupación? Que de no ser así, el próximo año podrían enfrentar aumentos exagerados en la renta o peor aún, el desalojo.
Y es que desde hace más de 30 años el inmueble tiene un programa de ayuda para el subsidio de la renta, llamado crédito de vivienda de bajos ingresos. Sin embargo, ese contrato vence a inicios del 2025.
“Esta es una oportunidad de tratar de preservarlo con legislación que yo estoy presentando a nivel estatal, donde les daría a los inquilinos del edificio el derecho de comprar el edificio que no tienen en este momento. Y el dueño no quiere continuar con la ayuda, sino lo que él quiere hacer es vender la propiedad”, dijo Marcela Mitaynes, asambleísta estatal.
Con esta amenaza, los inquilinos no viven en paz desde hace años, y aunque ya habían encontrado posibles compradores para el edificio que mantendría los programas de vivienda asequible, el propietario Irving Langer, no quiere saber nada.
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Leyva.
“Estamos peleando eso, la gente aquí está atormentada hace años porque sabíamos que esto estaba llegando al final”, dijo John Leyva. “La gente vive con ansiedad, se ponen a llorar en el elevador hablando y sus madres que tienen un hijo, y eso. tenemos problemas en esto, lo afecta a uno hasta la salud, hasta el bienestar de uno. Uno no puede vivir tranquilo con esa inseguridad de adónde va a vivir”.
“Va a ser difícil porque el trabajo no paga tanto para uno poder pagar la renta que le quieren subir a uno”, agregó Marisol Figueroa.
Según los organizadores de la protesta, políticas y leyes similares existen en Washington D.C. y San Francisco, California, y han probado ser efectivas para evitar desalojos, y proveer a los inquilinos n mayor control sobre sus viviendas.
“Lo que sí han podido hacer es organizar, empezar conversaciones y conseguir a alguien que puede comprar el edificio que va a preservarlo para que permanezca asequible. No es justo, la gente está muy asustada obviamente no nos damos cuenta de que eso también causa trauma, ¿verdad? En no saber dónde van a estar. Bastantes se mudaron cuando tenían 20, 30, 40, 50 años. Ahora son personas de la tercera edad, te retiras y ¿qué es lo que va a pasar?”, agregó la asambleísta Mitaynes.
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