La inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio personal de la diputada Rosa Amalia Pilarte, condenada a cinco años, sino una prerrogativa de la Cámara de Diputados; por tanto, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia confirma la sentencia dictada en su contra, podrá ser enviada a la cárcel aunque estuviera vigente el período para el que fue electa.
Lo afirmó ayer el exjuez de la alta corte Alejandro Moscoso Segarra, quien dijo que la inmunidad parlamentaria “solo le da libertad de expresar en el hemiciclo lo que ella entienda como diputada, no le da impunidad. Puede ir a prisión si se confirma la decisión”.
Asimismo explicó que es al Pleno de la alta corte, funcionando como “corte de casación” al que correspondería revisar la decisión de condena dictada por la Segunda Sala Penal, si alguna de las partes lo solicitara.
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Esto así, a partir de la Resolución número 004/2020 en la que el Pleno aclara lo relativo al privilegio de jurisdicción que le otorgan la Constitución y el Código Procesal Penal (CPP).
El también exprocurador fiscal indicó que los artículos 70, 377 y siguientes del Código Procesal Penal (CPP), así como el artículo 154 de la Constitución, establecen las competencias de la SCJ y señalan de manera puntual qué es “competencia exclusiva” de la alta corte, cuáles funciones recaen en cada instancia y ante quién se conocen los recursos.
“Como complemento a todo esto y para garantizar el derecho al recurso de las partes en el proceso, en los párrafos 33 y siguientes de su resolución número 004/2020, el pleno de la SCJ aclara lo relativo al privilegio de jurisdicción que tiene, variando la “única instancia”, de forma tal que un tribunal de alzada pueda revisar una decisión de condena…”, subrayó Moscoso Segarra.
Un precedente
La Cámara de Diputados sentó un precedente en el 2005 cuando retiró la inmunidad parlamentaria al entonces diputado Radhamés Ramos García, de La Vega (de donde es también Pilarte), condenado a 18 meses de prisión por tráfico de ciudadanos asiáticos por la frontera con Haití.
Inmediatamente terminó el juicio alrededor de las 10:00 de la noche del 2 de marzo, el condenado fue trasladado a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.
Ramos García fue puesto en libertad tras cumplir la mitad de la pena y antes de que la Cámara Baja conociera una resolución presentada por el presidente de la Comisión de Justicia Abel Martínez para retirarle fuero.
