La Oficina Nacional de Defensa Pública reveló en su informe de 2023 que 503 reclusos con diversos trastornos mentales convivían en condiciones inhumanas con reclusos regulares en el sistema penitenciario dominicano. Estos prisioneros carecen de acceso a medicamentos, tratamientos adecuados y espacios apropiados, lo que ha llevado a las cárceles del país a aislarlos en cuartos de concreto donde pasan las 24 horas del día, algunos desnudos y realizando sus necesidades en el suelo.
Uno de los casos más impactantes es el de Modesto de Jesús Pérez Coronado, quien en ese entonces estaba recluido en una celda de aislamiento de aproximadamente tres metros en la Cárcel Concepción de La Vega. El informe describe que debido a su condición de salud mental, Pérez Coronado hacía sus necesidades en la celda y ensuciaba su cuerpo con sus heces fecales, lo que provocaba un hedor inaguantable. A pesar de que el Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega lo declaró inimputable y dispuso su traslado a una medida de seguridad, Pérez Coronado fue rechazado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini debido a la falta de cumplimiento del protocolo, y fue devuelto a la cárcel.
El informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública también destaca que Pérez Coronado no recibe las atenciones necesarias, incluyendo comida adecuada, medicamentos, ropa limpia y un espacio higiénico. La celda donde se encuentra no dispone de una cama adecuada ni ventilación suficiente, y no se le permite tiempo de recreación al aire libre.
Otro caso preocupante es el de María Esther Sánchez, aislada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní-Mujeres debido a que su condición la hace violenta. El informe señala que este centro gestiona sus medicamentos con la ayuda de instituciones colaboradoras.
En la cárcel de San Pedro de Macorís, un joven de 18 años llamado Andy Luis Geraldo Perdomo, quien presentaba un trastorno psiquiátrico no especificado, sufría episodios violentos durante las crisis debido a la abstinencia y la falta de tratamiento adecuado. En respuesta, era mantenido esposado y desnudo en una celda.
La Oficina Nacional de Defensa Pública propone la creación de un centro psiquiátrico especializado para alojar a privados de libertad con trastornos mentales, en cumplimiento con las medidas de seguridad conforme a la ley.
Las personas que cometen un crimen en estado de demencia son consideradas inimputables, lo que significa que no pueden ser condenadas a ningún tipo de castigo, según el artículo 64 del Código Penal. Esta condición debe ser probada con un certificado emitido tras la evaluación de tres psiquiatras. El abogado penalista Plutarco Jáquez atribuye la responsabilidad de esta situación tanto a la Procuraduría General de la República, encargada del sistema carcelario, como a la Oficina Nacional de Defensa Pública, que debe abogar por las personas que no cuentan con un abogado.
Este informe pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar el tratamiento de los reclusos con trastornos mentales en las cárceles dominicanas, garantizando que reciban un cuidado adecuado y respetuoso de sus derechos humanos.