Si bien hablar de impuestos no es preciosamente el tema más popular o atractivo en una reunión de colegas, muchas personas se sorprenderían de cómo éstos impactan en nuestro día el día. Gracias a los impuestos que pagamos se financian bienes y servicios de los que disfrutamos toda la ciudadanía como las infraestructuras de nuestras carreteras, la salud o la educación. Los impuestos garantizan que nadie se quede atrás y que no dependa de si su salario le permite costearse el tratamiento médico o el desarrollo de nuestros niños y niñas.
Impulsar un sistema fiscal bien diseñado favorecerá – o no – que tengamos sociedades más justas y cohesionadas, dónde sus ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. En definitiva, son un pilar clave en sociedades democráticas.
Pero para que esto sea así, es indispensable que ese sistema fiscal sea justo, suficiente y progresivo, de manera que cada cual pague en función de sus capacidades, significando esto que los que más tienen, son los que más deben aportar. Como bien se explica en el Artículo 31 de la Constitución Española: “Todas las personas contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos tanto en España como a nivel global es que los sistemas tributarios no funcionan con esta lógica, y tienen aún mucho margen de mejora. El resultado son estados del bienestar infradotados y mayor desigualdad.
Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de España nos encontramos que el número de grandes fortunas no ha dejado de crecer desde 2007. Según los datos de la Agencia tributaria a partir de la información del impuesto de patrimonio, el número de personas con un patrimonio superior a los 30 millones de euros alcanzó las 852 en 2022. Sin embargo, y como resultado de la competencia fiscal entre territorios y del mal diseño del impuesto, apenas 235 de estos superricos abonaron este impuesto (apenas un 27,6%). Y si atendemos a lo que ocurre en Europa, observamos que el 1% más rico posee casi la mitad de toda la riqueza financiera del continente.
Desde 2020, a pesar de la pandemia de la COVID y de la crisis de coste de vida, la riqueza conjunta de los milmillonarios europeos aumentó en un tercio, alcanzando los 1,9 billones de euros el año pasado. Al mismo tiempo, la riqueza conjunta del 99% de la población europeo se redujo. Sin embargo, a pesar de toda esa concentración de riqueza europea, la realidad es que en 2022 los impuestos sobre el patrimonio representaron solo un 5,8 % de la recaudación fiscal en el bloque comunitario y los aplicados a los réditos del capital, incluido el impuesto de sociedades, un 16,2 % de la misma. Aunque es cierto que las grandes fortunas también pagan impuestos sobre la renta y al consumo, estos impactan más a la población europea más pobre, ya que se llevan una parte proporcionalmente mayor de sus ingresos, pues disponen de menos fuentes de ingresos alternativas al trabajo y destinan una mayor parte de los mismos a comprar bienes y servicios esenciales, como comida.
La ciudadanía es consciente de esta realidad, y esto se refleja en la última encuesta del CIS referida a julio de 2023, donde se concluye que más del 77% piensa que no se recaudan los impuestos con justicia (que pagan más quienes menos tienen). Y a nivel de la Unión europea también, el 67% de las personas encuestadas en el Eurobarómetro 529 se manifestaron a favor de una mayor carga fiscal sobre los contribuyentes más ricos para financiar medidas de apoyo a los colectivos más pobres de la población.
Es por esto, que, ante estas situaciones de injusticia, la sociedad civil se organiza para influir en los decisores políticos y pedir cambios. Un claro ejemplo de esto es lo que ha sucedido en Europa, donde diferentes organizaciones sociales, científicos, economistas, y representantes electos, se unen y utilizan los medios y recursos de los que disponemos la ciudadanía para hacer incidencia. Concretamente a través de la puesta en marcha de la iniciativa ciudadana europea Tax the Rich, que pide a la Comisión que ponga en marcha una tributación europea sobre las grandes fortunas. Haciendo realidad eso de que quién más tiene, más aporte, conseguiremos generar importantes recursos adicionales para luchar contra la pobreza, las desigualdades económicas y sociales, y financiar medidas urgentes para combatir y adaptarnos al cambio climático.
Pero para que la Comisión Europea tenga en cuenta esta demanda se necesita recoger un millón de firmas en toda Europa y más de 41.500 en España. En el caso de nuestro país se ha creado una coalición formada por una docena de organizaciones y entidades que la estamos impulsando.
Es importante que la ciudanía hagamos uso de los instrumentos de democracia participativa que tenemos a nuestro alcance, para que, como en este caso, consigamos una mayor justicia fiscal, haciendo que quien más tenga y pueda, aporte lo que le corresponda de manera progresiva y justa.
