El juez Rigoberto Sena, adscrito a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva a Alexander León. Esta medida fue impuesta como respuesta a una acusación en su contra relacionada con un intento de causar un daño irreversible a su expareja, Yoselin Sánchez, en un hecho ocurrido la noche del 21 de enero de 2024.
Durante la audiencia, el tribunal analizó detalladamente los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público, así como la denuncia formal interpuesta por la víctima. Según explicó Carlos Mesa, representante legal de Sánchez, la situación implicó una organización deliberada que calificó como “de alto nivel de perversidad”. Mesa manifestó que, a su entender, con la decisión judicial “se ha hecho justicia”.
En su declaración tras la audiencia, el abogado Carlos Mesa resaltó el impacto del hecho y la magnitud del peligro que enfrentó la víctima. “Esta víctima está viva gracias a un designio de Dios. El imputado hizo todo lo necesario para eliminarla: planificó todo un esquema criminal que sólo una mente enferma puede idear contra una mujer que fue su pareja”, expresó.
Según su testimonio, el imputado protagonizó al menos cinco incidentes de naturaleza violenta previos al suceso central, configurando un patrón persistente de comportamiento perjudicial. El representante legal también indicó que Alexander León se mantuvo en condición de no localizado durante más de un año tras el hecho.
Precisó que fueron 367 días en los cuales, además, habría continuado formulando amenazas contra la víctima, sus familiares y su hijo menor. “Esa persona representa un peligro real. Es un monstruo. No puede volver a las calles”, afirmó Mesa, subrayando la necesidad de que se mantenga la medida de coerción impuesta.
Por su parte, Yoselin Sánchez expresó un sentimiento de alivio por la decisión judicial, aunque también compartió su preocupación persistente por la posibilidad de nuevos hechos. “Si lo sueltan, viene a eliminarme. Aun desde donde está, sigue amenazando a mi niño. Espero que cumpla los 30 años que merece”, declaró con firmeza.
El juez ordenó que el acusado sea trasladado de inmediato a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, mientras el caso continúa en proceso de investigación. La Fiscalía no descarta una modificación en la calificación jurídica del hecho, lo cual podría implicar una pena que alcance hasta 30 años de privación de libertad conforme a la normativa vigente.