Santo Domingo.– El juez Deiby Peguero, perteneciente al Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó tres medidas de coerción contra el comunicador y quien se presenta como detective, Ángel Martínez. Esta decisión judicial se tomó en el marco de un proceso en el que se le acusa por supuestos hechos de difamación, injuria y violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de la viceministra Milagros De Camps Germán.
Como parte de las medidas impuestas, el imputado deberá presentar una garantía económica equivalente a tres millones de pesos dominicanos, la cual deberá ser gestionada mediante una empresa aseguradora, conforme al requerimiento del tribunal. Además, se estableció el impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
La abogada Mariela Santos, quien forma parte del equipo legal de la funcionaria Milagros De Camps, expresó satisfacción con la resolución judicial. Según sus declaraciones, esta decisión representa un paso importante, ya que su representada está interesada en que el proceso se maneje en los tribunales, evitando resolver el caso a través de medios digitales. “Busca justicia en los tribunales, no en las redes sociales”, expresó Santos.
Al concluir la audiencia, Ángel Martínez hizo declaraciones a la prensa en las que afirmó que actualmente tiene tres medidas de coerción en su contra. También señaló que porta un grillete electrónico, impuesto en un proceso judicial distinto que se encuentra en curso.
Según la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado tiene abiertos otros procesos judiciales por situaciones similares. Entre ellos figura un caso que se desarrolla en la jurisdicción de Santiago, así como otras denuncias presentadas por diferentes ciudadanos ante el Ministerio Público.
Estas acciones forman parte del seguimiento legal a los señalamientos que se han hecho contra Martínez, relacionados con declaraciones públicas y publicaciones digitales que, de acuerdo con los expedientes, podrían constituir violaciones a disposiciones legales vigentes en el país.
El proceso continuará su curso bajo la supervisión del órgano judicial correspondiente, mientras se determinan los próximos pasos en cada una de las causas activas que enfrenta el imputado.