La Corte Suprema escuchará el miércoles los argumentos de un caso en que la Administración Biden está desafiando la aplicación por parte del estado de Idaho de su prohibición del aborto en emergencias médicas, poniendo de relieve lo que ha sido uno de los asuntos más tensos que ha afrontado Estados Unidos tras la suspensión de Roe vs. Wade.
Roe vs Wade es el fallo de la Corte Suprema que durante decenas de años protegió el derecho al aborto y a la salud reproductiva en Estados Unidos y esa protección se extendía a la atención médica de emergencia a embarazadas que pueden requerir un aborto para salvar su vida.
El 24 de junio de 2022, en Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló 50 años de precedente y anuló Roe vs Wade.
La ley de atención médica de emergencia dictada por Ronald Reagan durante su presidencia, conocida como EMTALA, por sus siglas en inglés, es el próximo punto álgido del aborto en la Corte Suprema.
El Departamento de Justicia sostiene que la ley federal exige que los hospitales ofrezcan abortos si es necesario para estabilizar la salud de las pacientes de las salas de emergencia, incluso en estados como Idaho que prohíben ese procedimiento.
Idaho sostiene que la administración Biden está tratando de adaptar la ley federal conocida como EMTALA –o Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo– para “crear un mandato de aborto a nivel nacional en las salas de emergencia de los hospitales”.
Los funcionarios de Biden insisten en que necesitan la autoridad federal que otorga EMTALA para proteger los abortos de emergencia, citando las casi dos docenas de prohibiciones estatales del aborto que han confundido a los trabajadores de la salud, a las pacientes y han retrasado la atención médica de emergencia que salva vidas.
Los conservadores responden que la Casa Blanca está tergiversando una ley que no ofrece ninguna excepción para el aborto.
En estados donde los proveedores de salud pueden ser sancionados con penas de cárcel por realizar un aborto, como en Idaho, está ocurriendo un éxodo de especialistas de atención a embarazadas que prefieren practicar la medicina donde no sea necesario ni confuso decidir entre salvar a una embarazada y estabilizarla en una emergencia o ir a prisión, como ha documentado el Center for American Progress en un evento con profesionales de salud de esos estados.
La audiencia del miércoles en el tribunal superior también representa el desafío legal más reciente que podría decidir sobre el acceso al aborto en todo el país, casi dos años después de que los jueces anularan Roe vs Wade, que había garantizado un derecho constitucional al aborto.
La audiencia de la Corte Suprema del miércoles ocurrirá apenas un mes después de que el alto tribunal escuchó los argumentos sobre un desafío a la mifepristona, un medicamento clave utilizado en la mayoría de los abortos por medicamentos en el país.
También es un caso que pone de relieve lo que ha sido particularmente preocupante para el movimiento antiaborto posterior a Dobbs: que las prohibiciones del aborto están poniendo en peligro la salud de las mujeres embarazadas.
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