La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste intentará conocer este lunes, por cuarta ocasión, la solicitud de medida de coerción contra el pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega, acusado de violar sexualmente a varias menores de edad.
La audiencia se conocería ayer domingo, pero fue aplazada nuevamente a solicitud de la defensa del imputado, bajo el argumento de otra oportunidad para poder presentar presupuestos. Dicha petición, fue calificada por la parte querellante como una «táctica dilatoria«.
Ofrecen dinero para que se querellen
El viernes pasado, la abogada de Johan Manuel Castillo Ortega denunció que una persona, cuyo nombre no reveló, ha estado llamando a miembros de la iglesia en la que su cliente se desempeñaba como pastor, para que se querellen contra él.
«Hemos sido informados de que han estado llamando a miembros de la iglesia para que salgan a decir que sus hijas fueron violadas, incluso, se le ha ofrecido dinero«, sostuvo Clara Arias, y agregó que «Estas miembros están dispuesta a acudir a la Fiscalía (de Santo Domingo Oeste) para establecer quién las llamó».
La jurista calificó de una cacería de brujas el proceso seguido a Castillo Ortega, ya que afirma que el conflicto se originó por una deuda económica que su patrocinado tiene con un miembro de la congregación.
«Realmente esto es una casería de bruja que se ha levantado por una situación que era un pago de una deuda», aseguró Arias.
“Las denuncias dicen que las menores han sido violadas, pero los certificados dicen que están íntegras”, agregó.
Lo que pide el MP
El Ministerio Público pide a la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste imponer la prisión preventiva, como medida de coerción, contra el pastor Johan Manuel Castillo Ortega.
En la especie de dicho proceso, el órgano acusador además solicita que se fusione este caso con el proceso que se le sigue a Castillo Ortega, así como la declaratoria de complejidad, en virtud de lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, en vista de la pluralidad de víctimas y la información de que existen otras víctimas pendientes de denunciar.
El MP le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación de los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano y 12, 18, 396, literales B y C, de la Ley 136-03 del Código del Menor.
La nueva audiencia se fijó para este mediodía.
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