McAllen, Texas, EE.UU, AP — Durante tres días, el personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por una ley de Florida de 2023 que requiere que los hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal.
La clínica había trabajado duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles, avisándole a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de identificación individual no sería reportada al estado.
Texas será el próximo en poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.
“Los texanos no deberían tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será compartido con las autoridades.
Ambos estados tienen un gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto. Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.
Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos mismos admiten que los primeros datos de Florida son limitados.
Blaise Ingoglia, el senador republicano por Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.
La Florida Agency for Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga.
La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas que tienen los hospitales de Florida ha disminuido.
En Florida y en Texas, las personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.
Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención preventiva.
