Trabajadores de la salud y defensores de los derechos de los inmigrantes temen las medidas de control migratorio que han hecho que algunos neoyorquinos se opongan a acceder a los servicios de salud bajo el gobierno del presidente Donald Trump.
No obstante, hasta ahora, los informes sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en hospitales de la ciudad han sido la excepción.
En enero del año pasado, la administración republicana levantó las restricciones a las acciones de control migratorio en “lugares sensibles”, como hospitales, lo que avivó el miedo de que los agentes de ICE patrullaran los pasillos de los centros de salud.
Además de este cambio, la Casa Blanca de Trump permitió hace poco que el ICE acceda a cierta información biográfica sobre las personas que reciben beneficios de salud pública, lo que podría ofrecer otra herramienta para el control migratorio.
Por su parte, la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York declaró que la actividad de ICE en los hospitales no ha incrementado en el segundo mandato de Trump.
Abogados de inmigración aseguran que la aplicación de la ley en los hospitales sigue siendo poco común. No obstante, la preocupación por la aplicación de la ley –y cómo deberían responder los hospitales a la amenaza– crea zozobra constante para los empleados de la salud, incluyendo las enfermeras de la Gran Manzana que se declararon en huelga a inicios de 2026.
Varios médicos y enfermeros aseguran haber visto ocasionalmente a agentes de ICE en sus campus. Aparte, citan informes de la prensa sobre una mayor presencia de ICE en hospitales de ciudades afectadas por los recientes operativos federales, como Minneapolis y Los Ángeles.
Algunos abogados y defensores de la inmigración aseguran que su principal preocupación es asesorar a los neoyorquinos irregulares sobre los peligros que plantea la iniciativa federal de intercambio de datos. La información está vinculada con programas como Medicaid de emergencia, que cubre la atención médica de urgencia para los inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, los empleados sanitarios de los hospitales públicos y privados de la ciudad, preocupados por la situación, están presionando para que se implementen políticas y leyes más estrictas que garanticen la protección de los derechos de los pacientes en caso de que un agente de ICE se presente a su residencia.
Un hecho ocurrido en enero del año pasado en el Hospital Elmhurst, administrado por la ciudad, ubicado en Queens, ha causado inquietud entre algunos profesionales de la salud y defensores de los pacientes. En este caso, a un agente se le negó el acceso al hospital al principio, pero luego de una llamada de su supervisor, un agente de la policía del hospital y un administrador lo acompañaron al piso de arriba y se le permitió entregarle a un paciente una notificación para comparecer ante la corte de inmigración en 26 Federal Plaza, de acuerdo con un informe interno.
El paciente hablaba en español y, según el informe, no quedó claro si comprendió las notificaciones, que estaban en inglés. El informe no precisaba las circunstancias de la aplicación de la medida ni identificaba al paciente, informó Gothamist.
El informe señalaba que el agente de ICE no contaba con una orden judicial, documento que legalmente obligaría a los administradores a cooperar para permitirle el acceso a un área restringida del hospital. El incidente tuvo lugar el 22 de enero del año pasado, dos días después de que Trump asumiera la presidencia y revirtiera sus políticas sobre el control de la inmigración en sitios sensibles.
“Es evidente que Nueva York cuenta con algunas de las políticas de santuario más sólidas, pero debemos asegurarnos de que se apliquen correctamente para garantizar que no se repitan incidentes como el ocurrido [en Elmhurst]”, dijo Becca Telzak, subdirectora de Make the Road, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.
La vocera del Ayuntamiento, Sneha Choudhary, expresó que NYC Health and Hospitals, que administra Elmhurst, no está cubierta por las leyes locales de “ciudad santuario” porque es una corporación de beneficio público establecida por el estado.
No obstante, Choudhary aseguró que el sistema de hospitales públicos ha adoptado procedimientos operativos que, en gran medida, reflejan las leyes que rigen a otras agencias municipales. Las leyes santuario prohíben que el personal municipal permita el acceso de funcionarios federales de inmigración a áreas privadas de la propiedad municipal, salvo en circunstancias limitadas, como emergencias y cuando cuenten con una orden judicial.
En una orden ejecutiva emitida en febrero, el alcalde Zohran Mamdani “animó” al Departamento de Salud y Hospitales a “llevar a cabo una auditoría, difundir políticas y protocolos, e implementar capacitación de acuerdo con” las leyes de ciudad santuario de Nueva York.
“Nuestra administración está al tanto de lo sucedido el año pasado”, declaró Joe Calvello, secretario de prensa del alcalde. “Precisamente por eso, el alcalde firmó su orden ejecutiva el 6 de febrero y las agencias están trabajando para revisar y reforzar sus protocolos”.
En este sentido, Adam Shrier, representante del sistema de salud y hospitales de la Gran Manzana, declaró que el sistema está colaborando con la alcaldía para revisar sus políticas vinculadas a la interacción con las fuerzas del orden de fuera de la localidad. Agregó que el sistema hospitalario no ha registrado ninguna otra acción de control por parte del ICE desde el incidente en Elmhurst, pero sí ha brindado atención a pacientes bajo custodia del ICE.
“El sistema de salud y hospitales de la ciudad de Nueva York está comprometido a brindar atención médica segura y de alta calidad a todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio”, manifestó Shrier.
“La seguridad y el bienestar de nuestros pacientes son nuestra máxima prioridad, y ese compromiso no se ve afectado por cambios en las políticas federales ni por las medidas de control”.
De acuerdo con un informe, Helen Arteaga, quien era directora ejecutiva de Elmhurst en ese entonces, fue consultada por el director de gestión de riesgos del hospital antes de que se permitiera el acceso del agente de ICE a la planta superior. Ahora, Arteaga es la vicealcaldesa de Salud y Servicios Sociales de la ciudad.
Al ser consultada sobre la política actual de ICE respecto al control de la inmigración en hospitales, la portavoz de la agencia, Marie Ferguson, zanjó: “El ICE no lleva a cabo operativos de control migratorio en los hospitales, punto”.
Agregó: “Solo entraríamos en un hospital si existiera un peligro real para la seguridad pública” o si un agente estuviera acompañando a un paciente bajo su custodia para recibir atención médica.
Por su lado, la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores estatales están evaluando medidas para prohibir el acceso de los agentes federales de inmigración a hospitales públicos y otros lugares sensibles, salvo en circunstancias excepcionales.
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